La Paz, 21 de ago. (
La Razón).- Los resultados de la encuesta preelectoral de agosto, elaborada por Ipsos, Apoyo, Opinión y Mercado para La Razón, reflejan una exigencia del 64% de la población a los cinco partidos en competencia por planes prioritarios para frenar la violencia en contra de las mujeres.
Los datos entregados por la investigación revelaron, por ejemplo, que hay más electores en el área urbana de los departamentos de Cochabamba (73%) y Potosí (75%) que consideran como una prioridad el atender esta temática dentro de las ofertas electorales que presentan las cinco organizaciones habilitadas para participar de la lid electoral del 12 de octubre.
El Movimiento Sin Miedo (MSM) considera que el resultado del sondeo es “absolutamente coherente y acertado”, puesto que el frente, durante la socialización de su plan de gobierno en los nueve departamentos del país, evidenció que “la demanda más importante es la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres”, según informó la diputada Marcela Revollo, directiva de esta tienda política opositora.
Servicios. El estudio también detalla que en el área rural de Pando, solo el 35% de la población ve como relevante esta temática porque considera como una prioridad la creación de servicios de cuidado de niños. Este acápite, en el ámbito nacional, ocupa el segundo lugar en la preferencia de la ciudadanía con el 56%.
A ella le siguen el apoyo a las actividades económicas de las mujeres con el 43%; mientras que la atención a la salud sexual y reproductiva es vista como importante para el 30% de la ciudadanía boliviana.
Para el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), existen deficiencias en la aplicación de las leyes que protegen a las mujeres de toda forma de violencia, pero considera que hay importantes avances porque se conocen más casos denunciados, argumentó la candidata a diputada uninominal y vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz.
Margoth Soria, del Partido Verde de Bolivia (PVB), una de las tres candidatas vicepresidenciables que tiene la contienda electoral, enfatiza que el problema es estructural. “La responsable es la sociedad, en cómo construyen sus valores en una cultura machista. Necesitamos hacer educación ciudadana sobre los derechos (de los ciudadanos) en los colegios y las universidades”, dijo Soria.
“Un problema recurrente”. Así calificó la candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Tomasa Yarhui, al ejercicio de la violencia hacia las mujeres. La postulante a la presidencia de la Asamblea Legislativa recalcó que los casos relacionados con esta temática no se denunciaban en el pasado.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), siete de cada diez mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia. Además, entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de violencia contra las mujeres.
En ese sentido, Jaime Navarro, candidato a diputado por la alianza opositora Unidad Demócrata (UD), recordó que la aprobación de normas como la Ley contra la Violencia hacia la Mujer y la Ley contra el Acoso Político, entre otras, no son la solución al problema. “Lo importante es que se cumplan”, enfatizó el opositor.
Propuestas. En la investigación también se consultó si los ciudadanos creen que los partidos políticos tienen propuestas para las mujeres. 45% asegura que sí y 37% respondió que no.
El porcentaje devela que hay desconocimiento de la ciudadanía, aunque los partidos políticos afirman que promocionan con gran énfasis sus propuestas en este sentido. Por ejemplo, el MSM ve que es necesario diseñar una política de Estado que esté orientada a prevenir, sancionar y fortalecer a las instituciones creadas para estos fines. “La otra cara de la ley es que no tiene presupuesto del Estado”, lamentó Revollo.
Yarhui (PDC) es aún más precisa. “El 70% de mujeres sufren violencia física, psicológica, política, laboral. No debería separarnos los colores políticos. Para mí, es una prioridad no solo porque se visibiliza este tema. Vamos a trabajar con políticas públicas como la socialización”, señaló.
En esa línea, la masista Ortiz enfatiza: “Siempre vamos a estar defendiendo los derechos de la mujer, pero estoy segura de que hay que mejorar todavía”. Navarro (UD), en este mismo marco, aseguró que si llegan al Gobierno, “gobernarán con el ejemplo” para evitar más casos de violencia contra las mujeres, porque cree que es el Estado el que promociona este tipo de actitudes.
Más del 50% de las mujeres entrevistadas en un estudio reciente de Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres) sobre percepciones de las bolivianas en torno al ejercicio de derechos, declaró como frecuente o muy frecuente la violencia contra la mujer en su círculo familiar o cercano, según reseña el texto Los derechos de las mujeres. Estas cifras y tendencias se pretenden aminorar, de acuerdo con los programas de gobierno.
La ONU pide mayor compromiso institucional
Rubén Ariñez
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a Bolivia incrementar recursos económicos y humanos para garantizar y proteger los derechos y la vida de las mujeres, tras tomar conocimiento de la cantidad de feminicidios sucedidos en el país.
“El Estado, de manera urgente, debe incrementar recursos humanos y financieros para proteger a las mujeres bolivianas en todo el territorio, tal como lo determina la Ley 348 en su artículo tercero, que declara prioridad nacional la lucha contra la violencia a las mujeres”, reseñó un comunicado de prensa del organismo.
La entidad expresó, mediante el mismo medio, “su preocupación y consternación” sobre los casos de feminicidio que tuvieron lugar en distintas ciudades del país”. Uno de los más recientes se suscitó en la ciudad de Santa Cruz, el fin de semana, cuando se produjo el violento crimen de una joven de 26 años, violada y asesinada por un empleado de seguridad de un parqueo público.
El lunes pasado, familiares, amigos y ciudadanía cruceñas tomaron las principales calles y el centro de la plaza 24 de Septiembre para protagonizar una movilización que tuvo un único pedido: seguridad, tanto en espacios públicos como en privados para las mujeres.
La ONU se refirió al marco normativo nacional, como la Ley 348, e internacional que garantiza que las mujeres no sufran ninguna forma de violencia, y al mismo tiempo hizo un llamado a los actores gubernamentales de todos los niveles para “aplicar los distintos mecanismos que establece esta norma con el fin de evitar que más ciudadanas bolivianas sufran esta violencia extrema”, reseña el comunicado.
El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia también pidió a la sociedad boliviana que ratifique y fortalezca su compromiso de luchar y acabar con las distintas formas de violencia hacia las mujeres, en la familia, escuelas y centros laborales; además, en los medios de comunicación y en todos los espacios privados y públicos.
Al menos 60 mujeres, en lo que va del año, fueron asesinadas en el país. La IV Cumbre de Mujeres, que organizó la Brigada Parlamentaria, llegó ayer a la conclusión de que son necesarias “penas ejemplarizadoras” para los autores de este tipo de crímenes.
