12/8/14

El MAS defiende la lucha antidroga sin la DEA y lo critican

La Paz, 12 de ago. (El Deber).- Las críticas lanzadas por Tuto Quiroga, candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), contra el Gobierno de Evo Morales, su rival en campaña por el MAS, generaron una dura polémica sobre el tema del narcotráfico. Sucedió dos días después de que el presidente Evo Morales cuestionara y descalificara a su otro adversario, Samuel Doria Medina, de Unidad Demócrata (UD), por una propuesta económica sobre la privatización.
Quiroga prometió el domingo que, si llega a ser elegido en octubre, en cinco años acabará con la criminalidad del narcotráfico y acusó al Gobierno de Evo Morales de legalizar cultivos de coca que no son legales, lo que atrae a las bandas de narcotraficantes. En menos de 24 horas, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, salió al paso y, desde Palacio Quemado, acusó a Quiroga de estar buscando el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), con el propósito de luchar contra el narcotráfico bajo la administración de EEUU. Los tres organismos fueron expulsados de Bolivia entre 2009 y 2013 por el Gobierno de Morales.
Ante esa reacción, Quiroga respondió desde Sucre: “Don Evo, no se esconda, usted dijo: Voy a legalizar el cato de coca del Chapare, que significa cocaína y que es la base para que ingresen más sicarios y para que se venda más droga en los colegios. Le pedí debatir, pero se esconde y manda a responder a sus ministros que no son masistas, como Juan Ramón Quintana, y que cínicamente habla contra los gringos, cuando ha ido a la Escuela de las Américas, una escuela militar en EEUU”.  
Quintana, que en 2012 fue relacionado con el narcotráfico en un reportaje de la revista brasileña Veja, consideró que las declaraciones de Quiroga son “temerarias” y que descalifican un trabajo técnico que realiza las Naciones Unidas de forma “neutral”, organismo que avala la reducción de cultivos de coca ilegal en Bolivia. “Aquí la pregunta es ¿a quién le cree Tuto Quiroga? Como no le cree a las NNUU, lo que ha hecho es poner en evidencia su relación umbilical con el Gobierno estadounidense en la lucha contra el narcotráfico. Durante el Gobierno de Banzer y de Tuto Quiroga, quien gobernó y manejó esta lucha en el país ha sido EEUU (...) Todos sabemos que esas políticas han fracasado de manera estrepitosa en América Latina y en el mundo”, dijo.
Apuntan al Chapare
Por su parte, los candidatos a la Presidencia por el Partido Verde de Bolivia, Fernando Vargas, y el candidato a la Vicepresidencia por Unidad Demócrata, Ernesto Suárez, cuestionaron -por separado- lo que sucede en el Chapare cochabambino.
Vargas planteó la necesidad de que el Estado intervenga en la zona productora de coca, para controlar los cultivos ilegales y proponer una alternativa de desarrollo.
También cuestionó al Gobierno por no hacer nada ante las denuncias hechas por su persona sobre la existencia de cultivos excedentarios de coca en el Polígono 7 del Territorio Indígenas Parque Isiboro Sécure (Tipnis), del cual es presidente. “Denunciamos los pozos de maceración que encontramos, pero sigue habiendo narcotráfico en ese polígono; la coca del Chapare sigue siendo destinada para el narcotráfico”, y aseguró que las más de 18 personas que fueron detenidas hace unos meses por el cultivo de coca en el Tipnis ya están libres.
“El tema de fondo es la administración de justicia. Si usted encuentra en este momento a un narcotraficante seguro que el juez o el fiscal es su amigo e inmediatamente con una llamada telefónica lo suelta”, cuestionó.
El candidato Ernesto Suárez fue más allá y dejó entrever cierta ‘complicidad’ de este Gobierno con el narcotráfico. “Tiene que haber firmeza por parte del Gobierno, el presidente de Bolivia es el presidente de los cocaleros, por lo tanto hay una complicidad directa del Gobierno nacional con el narcotráfico (...) ¿Por qué en el Chapare se prohíbe el ingreso de la Policía para decomisar autos chutos y amenazan con enfrentamientos y el Estado no entra? ¿Acaso es una República independiente? Y hablamos de este lugar porque es ahí donde se produce la coca excedentaria. No nos vendemos los ojos”, enfatizó.
Suárez consideró que en la lucha contra el narcotráfico, toda la ayuda debería ser bienvenida, incluso la de EEUU. 
No caen peces gordos
“El narcotráfico es una de las grandes debilidades y tareas incumplidas en este Gobierno y los hechos lo van a demostrar. No se ha descubierto ni detenido a ningún pez gordo en esta década. San Germán es la muestra más concreta”, advirtió el vocero y candidato a primer diputado plurinacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Erwin Herrera. 
Sin embargo, se mostró contrario al retorno de la DEA al considerar que “ya cumplió su ciclo” en el país. Sin embargo, planteó la necesidad de especializar más a la Policía y a Inteligencia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

Asamblea finalizará su mandato sin nombrar a seis autoridades

La Paz, 12 de ago. (Página Siete).- A seis meses de concluir su mandato, la Asamblea Legislativa  no logrará designar a las máximas autoridades de al menos seis  instituciones del Estado. El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, admitió  que fue una debilidad no hacerlo.
La  Aduana Nacional, la Contraloría General del Estado, el Servicio de  Impuestos Nacionales, el Banco Central de Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aún tienen autoridades interinas designadas por el presidente Evo Morales.
Rojas argumentó que esta situación se debió a la carga de leyes aprobadas en la Asamblea. 
 También dijo que otro factor para que estas autoridades no fueron designadas es la falta de leyes específicas para estas instituciones como  ley de Aduanas, de la Contraloría o de YPFB.
Rojas, consultado si tras casi cinco años de  trabajo de la Asamblea la falta de designación fue una debilidad, Rojas respondió: "Sí, sí, puede darse, pero no pongan titular reconoce la debilidad, el presidente del Senado”, manifestó la autoridad.
Luis Felipe Dorado, exdiputado y candidato por Unidad Demócrata (UD),  denunció,  según la agencia ANF, que el Gobierno incumplió la Constitución Política del Estado al no designar estos cargos. El artículo 159 numeral 12 de la Constitución le otorga esta facultad para proponer ternas al Presidente del Estado.
Rojas duda que en estos seis meses que les queda puedan realizar alguna designación porque una de las prioridades es la aprobación de leyes que todavía están pendientes en su agenda.
El jefe de la bancada de Convergencia Nacional, Alex Orozco, responsabilizó al oficialismo por   el desinterés que ha demostrado  en la  institucionalización de las entidades públicas. "Existe una  intencionalidad política”, dijo.
Punto de vista
Carlos   Böhrt
 Analista político y exsenador
El MAS tenía los votos y la fuerza

Esta atribución de la Asamblea Legislativa sea por Diputados o Senadores, se ha dejado de cumplir hace por lo menos una década o más. Antes se explicaba que los gobiernos no se sentían estimulados para designar a personeros titulares de todas las instituciones públicas en esta situación, porque no tenían la fuerza ni los votos en el Parlamento.
Pero con el gobierno de Evo Morales no se justifica, porque tienen 2/3 en ambas cámaras;  por lo tanto, podían hacer las designaciones de Aduanas, Banco Central, Impuestos Nacionales, pero no se lo hizo quizás  por la comodidad del equipo íntimo del Presidente. El MAS tuvo los votos y la fuerza para hacerlo.
Como gestión pública parece que no hay mucha diferencia entre titulares e interinos, aunque naturalmente los titulares tendrían mayor estabilidad porque estarían directamente sometidos a las disposiciones legales. Por ejemplo, el Banco Central de Bolivia con interinos hace más de 10 años igual ejerce sus atribuciones exactamente igual que con titulares.

El TSE aprobó tres papeletas de sufragio para las elecciones

La Paz, 12 de ago. (La Razón).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó ayer tres tipos de papeletas de sufragio que se utilizarán en los comicios generales del 12 de octubre. Dos de ellas se aplicarán en el ámbito nacional y la tercera en los 33 países con población de ciudadanos bolivianos.
“El Tribunal conformó una comisión técnica encargada de todo lo concerniente al material electoral y en función a la propuesta que presentaron; nosotros hicimos algunas sugerencias en términos de ajuste”, señaló a La Razón el vocal del TSE Ramiro Paredes.
En ese sentido, los siete vocales, reunidos en Sala Plena, aprobaron que el tamaño de las boletas a ser utilizadas dentro del país tenga una dimensión de 42 por 33 centímetros. Estos documentos estarán divididos en dos bloques horizontales. En la parte superior, las franjas con los cinco partidos habilitados tendrán su logotipo, la fotografía del candidato a la presidencia y el nombre. Debajo de esos datos figurarán los nombres de los candidatos y las candidatas a la vicepresidencia y el recuadro blanco donde el ciudadano dibujará la señal del sufragio.
Diseño. En la parte inferior, con similar diseño, se consignará a los candidatos a diputaciones uninominales (en total existen 63 en todo el país) con sus respectivas fotografías y nombres de los titulares y suplentes. Una segunda boleta de sufragio estará destinada a la elección de diputaciones especiales indígena originario campesinas. Éstas tendrán similar diseño al descrito, pero en la parte inferior se identificarán las candidaturas indígenas, explicó Paredes.
De los nueve departamentos del país, solamente Potosí y Chuquisaca no cuentan con circunscripciones especiales, pero sí La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni y Pando, cada uno de ellos tiene una circunscripción donde se encuentran las naciones y pueblos indígenas.
En cambio, para la votación en el exterior las boletas de sufragio son más pequeñas, puesto que en esos casos solo se elegirá al presidente y vicepresidente. Medirá 21 por 33 centímetros.
La vocal Dina Chuquimia informó que como medidas de seguridad se empleará el código de barras denominado datamatrix para identificar cada una de las boletas de sufragio. Además, se utilizarán tintas especiales, indicó la autoridad electoral.
Chuquimia señaló que las medidas de seguridad que se insertaron servirá para autenticar cada una de las boletas que serán “únicas” en todo el territorio nacional. La autoridad explicó que en caso de que se extravíe una boleta, el TSE podrá establecer a qué circunscripción, asiento y mesa electoral corresponde ese material.
Paredes además señaló que la boleta de sufragio, tal como establece la ley, “es multicolor y multisigno. El reverso de la boleta tendrá un tramado plomo de seguridad con el logotipo del Órgano Electoral Plurinacional”.
Según la autoridad, en el diseño se incorporó una serie de microtextos, una banda de seguridad y diseños con tintas invisibles y de colores fluorescentes, que fortalecen los niveles de seguridad de cada una de las papeletas. Chuquimia señaló que además de la aprobación de la papeleta de sufragio electoral se definió el diseño del acta de escrutinio y cómputo que se utilizará para el recuento de votos.
“Es una hoja que va a ser utilizada por los seis jurados electorales (...) y los cinco delegados de las organizaciones políticas que van a estar presentes en las mesas de sufragio”, manifestó Chuquimia.
Este documento también tendrá un código de barras similar al que se insertará en las boletas de sufragio con el fin de dar certidumbre al proceso eleccionario. “Lo hemos hecho en conjunto, cada vocal dio sus sugerencias respectivas”, señaló el vocal Paredes e indicó que esta fue la actividad 34 del calendario electoral. La papeleta de sufragio fue aprobada por los vocales del TSE tras unas siete horas de debate.
El siguiente paso, la impresión de boletas
Rubén Ariñez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé la impresión de al menos 6,2 millones de papeletas de sufragio para los comicios generales del 12 de octubre. Las autoridades electorales ahora deben ponerse de acuerdo para ejecutar esta fase del calendario.
Por una parte, la vocal Dina Chuquimia indicó que se acortará el proceso administrativo para contratar a la empresa que se hará cargo de la impresión del material. “Podríamos lanzar la convocatoria (para una licitación), pero (el proceso) se extiende por más de 30 o 40 días”, explicó la autoridad.
Sin embargo, el vocal Ramiro Paredes señaló que se deben cumplir los procedimientos. “Tenemos los tiempos necesarios, ajustados, pero que nos pueden dar lugar para que apliquemos en la respectiva norma”, dijo.
El vocal Marco Ayala anticipó un cálculo sobre la cantidad de papeletas electorales que serán impresas. “Estamos hablando de más de 6,2 millones de papeletas que se tiene previsto para esta etapa”, indicó. 
Chuquimia, al respecto, señaló que la entidad electoral esperará hasta el 10 de septiembre para dar a conocer la cantidad oficial de los documentos. En esa fecha, el Servicio de Registro Cívico (Sereci), dependiente del TSE, publicará la “lista consolidada” del padrón electoral. El vocal Paredes apoyó la versión de su colega e indicó que se deben cumplir los plazos legales establecidos por el calendario electoral. Con todo, Chuquimia adelantó que el TSE debe recibir las propuestas para la impresión de las papeletas, sobres de seguridad y actas de sufragio.
El nombre de la imprenta, que se prevé será de alcance nacional, se conocerá los primeros días de septiembre. El material debe estar listo una semana antes de los comicios. “Hasta el 5 o 7 de octubre ya deberíamos tener las papeletas impresas”, señaló la vocal Chuquimia. La autoridad indicó ayer que se buscará “los mejores precios” entre las empresas que se postulen y presenten sus ofertas.

Pago de la Renta Dignidad llega a $us 1.695 millones en seis años

La Paz, 12 de ago. (La Razón).- De febrero de 2008 a junio de este año el Estado erogó Bs 11.081,3 millones ($us 1.695 millones) para el pago de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) en los nueve departamentos del país. En todo ese periodo se realizaron 58.973.862 pagos a rentistas y no rentistas.
Los datos fueron extraídos de la Exposición de Motivos del proyecto de ley para el pago del aguinaldo a los beneficiarios de la Renta Dignidad, el cual fue presentado el viernes por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su “pronta aprobación”. Dicho documento se encuentra en la Comisión de Planificación de la Cámara Baja para su debate. El número de los beneficiarios de dicha renta se concentra en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Ese bono se financia con una parte de los recursos recibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de gobernaciones, municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación (TGN), además de los dividendos de las empresas nacionalizadas (Entel, YPFB, ENDE, entre otras) y de las creadas recientemente como Boliviana de Aviación (BoA).
La Renta Dignidad se empezó a pagar de forma mensual a los mayores de 60 años desde febrero de 2008, en aplicación a la Ley 3791 del 28 de noviembre de 2007. Hasta antes de mayo de 2013, la cancelación de ese beneficio era de Bs 150 mensual para las personas que reciben una pensión de jubilación y Bs 200 para quienes no son rentistas.
Sin embargo, el 16 de mayo de 2013, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 378 que incrementó el bono mensual de Bs 150 a Bs 200 (Bs 2.400 anual) para las personas que reciben pensión de jubilación y de Bs 200 a Bs 250 (Bs 3.000 al año) para quienes no son rentistas.
Aguinaldo. Con motivo del aniversario patrio, el 6 de agosto de este año, el presidente Evo Morales anunció que envió dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, uno de ellos fue para el pago del aguinaldo a los beneficiarios de la Renta Dignidad y el otro para reducir la edad de jubilación para otros sectores donde haya condiciones de insalubridad.
El proyecto de ley para el pago del aguinaldo a la Renta Dignidad incluye una proyección de flujo de efectivo del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) realizada con base en estimaciones de ingresos del IDH para los siguientes cinco años, un crecimiento natural del grupo de personas de 60 años, así como la mortalidad del grupo, estimando un pago anual de Bs 3.250 para los no rentistas y Bs 2.600 para los que lo son.
De acuerdo con estas proyecciones realizadas hasta 2017 (plasmadas en el proyecto de ley) está garantizado el pago de la Renta Dignidad más su aguinaldo. Pese al pago de esos beneficios, el FRUV aún tiene saldos positivos. (Ver infografía)
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, indicó ayer que el pago del aguinaldo a los beneficiarios de la Renta Dignidad propuesto recientemente llegará este año a más de 700.000 personas mayores de 60 años que no perciben pensiones regulares de jubilación, y que hay unos 138.000 jubilados, informó la agencia de noticias ABI.
Informe y el doble aguinaldo
Destacado
El 15 de marzo de este año, el Banco Mundial (BM) destacó a Bolivia como uno de los dos únicos países en América Latina, junto a Trinidad y Tobago, que incorporó en su sistema de jubilación una pensión universal de vejez, que beneficia con una renta vitalicia   a sus adultos mayores.
Demanda
El ministro de Economía Luis Arce lamentó   el pedido de la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia, que amenazó con movilizaciones en demanda de un segundo   aguinaldo.