Aprueban la ley transitoria para los comicios 2015

La Paz, 29 de oct. (La Razón).- La Cámara de Diputados aprobó anoche la Ley Transitoria Electoral, Elecciones Subnacionales 2015, que ratifica la conformación de las asambleas departamentales de 2010 y reduce a 40% de votación mínimo para conseguir la victoria.

La normativa refrenda el número y distribución de escaños de la Ley 4021 del Régimen Electoral Transitorio de 2010, como una acción inmediata ante la proximidad de los comicios subnacionales de 2015. Esto debido a que ocho departamentos, excepto Pando, no cuentan con estatutos autonómicos vigentes.

En total, en el país se elegirán  306 asambleístas y gobernadores. En el caso del Beni, se nominarán también a subgobernadores y corregidores, y en Tarija, a ejecutivos seccionales y asambleístas del Chaco. Para este último se reactivó la Ley 002 de 2010.

La normativa también modifica el artículo 64 de la ley del Régimen Electoral, por el cual se reduce a 40% el mínimo de votación para la victoria del partido que no logre la mayoría absoluta.

El proyecto, que fue elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, no sufrió modificaciones, pero en el debate de anoche algunos diputados de oposición e indígenas demandaron mayor número de escaños por el crecimiento poblacional. La normativa pasó al Senado para su análisis y sanción.

La propiedad de los recursos naturales no podrá ir a arbitraje

La Paz, 29 de oct. (Página Siete).- La propiedad de los recursos naturales no podrá ser sometida a conciliación ni a arbitraje en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), establece el anteproyecto de Ley de Conciliación y  Arbitraje.
 El documento, al que tuvo acceso Página Siete, será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, una vez que termine de ser  consensuado.

En su artículo 4, con  el título de "Materias excluidas de la conciliación y del arbitraje”, el anteproyecto precisa que "no podrán ser sometidas a la conciliación o el arbitraje la propiedad de los recursos naturales, los títulos otorgados sobre reservas fiscales y  los tributos y regalías”.
También se excluye de esos procesos el acceso a los servicios públicos; a las licencias, registros y autorizaciones sobre recursos naturales en todos sus estados;  a materias que afecten al orden público y a las cuestiones sobre las que haya recaído la  resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución.
Según el anteproyecto,  tampoco se podrán someter al arbitraje las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas;  las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces sin previa autorización judicial;  las cuestiones concernientes a las funciones del Estado y  las  que no sean objeto de transacción.

 
También se deja a un lado  los contratos administrativos, salvo  lo que dispone  el artículo 7 de bienes y servicios en el extranjero. En este caso,  el arbitraje podría  aplicarse a controversias que surjan en una relación contractual de adquisición de bienes o provisión de servicios, por entidades o empresas estatales, de entidades o empresas extranjeras sin domicilio legal en Bolivia, en el marco de lo estipulado en el contrato correspondiente.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando  Cáceres, opinó  que la futura norma debe guardar un equilibrio para que no se ahuyenten las inversiones que pueden llegar al país.
"El Estado quiere cuidar los recursos naturales y otros; por lo tanto, quieren que ese tipo de arbitrajes se dé en Bolivia y no en otros países, es un tema que aún se está analizando. Hay que analizarlo con calma y hay que ver cómo se puede limitar a los intereses reales de cuidar nuestros recursos naturales”, dijo. 
Fundamentos
El anteproyecto de ley establece que el arbitraje es un medio alternativo a la  resolución judicial de las controversias entre las partes, sean éstas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuando éstas versen sobre temas que no estén prohibidos por la CPE y la ley, ante la  o el Árbitro Único o Tribunal Arbitral, pudiendo ser un arbitraje institucional o arbitraje ad hoc.
Una vez que la norma se apruebe, reemplazará a la Ley 1770. 

Como innovaciones, plantea el Arbitraje en Derecho y el Arbitraje en Equidad y expresa que es potestad de las partes decidir que el Tribunal Arbitral resuelva la controversia en derecho o en equidad; ante la inexistencia de acuerdo, será realizado en derecho. 
Incorpora la figura del arbitro de emergencia, para  cuando las partes en controversia requieran actuaciones inmediatas, como ser medidas cautelares o preparatorias de demanda.
Además, con el fin de evitar confusión, el documento aclara que la resolución o laudo arbitral resolverá  cuestiones accesorias en el curso del procedimiento y el laudo está definido   como el acto que pone fin a la controversia.

El respaldo y adecuación a la Constitución
Precepto El artículo 14 de la CPE determina que toda inversión extranjera estará sometida a Ia jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas, para obtener un tratamiento más favorable, como lo determina el artículo 320. 
 Norma El artículo 366 de la CPE fundamenta que todas las empresas extranjeras en  hidrocarburos en nombre y representación del Estado estarán sometidas a las leyes y a las autoridades nacionales; no se reconocerá en ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera, no pudiendo ser invocado a un  arbitraje internacional. 

Se formaliza la conciliación y norma el arbitraje

Punto de vista
GABRIEL DABDOUB  Empresario de Santa Cruz

El anteproyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje tiene dos objetivos: primero, formalizar e institucionalizar los procesos de conciliación; segundo, normar el tema del arbitraje. En ambos casos se busca contar con medios alternativos a los judiciales para resolver las controversias y evitar prolongados y costosos litigios.
En el caso del arbitraje, en Bolivia hay varios centros organizados por el sector privado, como el de Cainco, de   la Cámara Nacional de Comercio, de la Sociedad de Ingenieros y de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos;  todos ellos cuentan con una valiosa experiencia en esta temática. El proyecto de ley, al reconocer a este sistema, permite la continuidad de esta manera de resolver las controversias-
Como federación empresarial, junto a equipos técnicos de los gremios y de los centros de conciliación,  acompañamos el proceso de gestación de esta norma, que complementa la Ley de Promoción de Inversiones y participamos en encuentros con la Procuraduría y el Ministerio de Justicia.
En consecuencia, el arbitraje es un instrumento destinado a otorgar mayores certezas a los inversores en los procedimientos para resolver controversias.
Existen restricciones a materias que pueden someterse  al arbitraje que  provienen de mandatos constitucionales o de figuras habituales del derecho.

Gobierno se abre a construir la agenda del millón de ha

La Paz, 29 de oct. (El Deber).- El Poder Ejecutivo -en el marco del acto de celebración de los 50 años de vida institucional de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)- remarcó su compromiso de apostar en grande en el sector agroproductivo cruceño.

¿Qué medidas tomamos para que la frontera crezca un millón de hectáreas?, fue la pregunta que lanzó el vicepresidente Álvaro García Linera, anoche, a los máximos líderes del agro cruceño al señalar: “Haremos las inversiones y leyes que sean necesarias y las modificaciones institucionales que sean necesarias”.

La autoridad fue clara al señalar que la decisión es construir junto con el agro la agenda productiva para hacer realidad la expansión de la frontera agrícola en un millón de hectáreas anuales hasta 2020.

Reiteró el desafío para este año de por lo menos llegar a las 500.000 hectáreas adicionales. García admitió que el sector está estancado y no crece como los sectores de la construcción y el de hidrocarburos.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, recordó a la autoridad que hacen falta medidas gubernamentales para hacer crecer el sector como lo exige el Ejecutivo. 

Los temas pendientesPor su parte, el presidente de la CAO, Julio Roda, enfatizó que aún hay temas pendientes, como la ampliación del periodo de verificación de la Función Económica Social (FES), la aprobación para usar semillas transgénicas y una liberación plena de las exportaciones. 

No obstante, destacó el apoyo gubernamental con el sector pues en el último tiempo se logró resolver temas como la ley contra avasallamientos, la regularización de maquinaria, la regularización de desmontes, el financiamiento, abastecimiento de diésel, la titulación de propiedades y el desalojo de predios avasallados.

De manera reiterativa, Roda se comprometió con el Gobierno a seguir con una nueva visión de “ser la institución líder, promotora del desarrollo alimentario y agropecuario, generadora del bienestar del sector agropecuario nacional”.
Además dijo que continuarán cumpliendo su misión de promover el desarrollo de las cadenas agroproductivas, con capacidad de gestión para lograr la sostenibilidad de la unidad productiva.
En el acto, el Gobierno entregó a la CAO la Legión de honor Mariscal Andrés Santa Cruz