Proceso de consulta en el TIPNIS requerirá gasto de más de 10 millones de bolivianos

La Paz, 20 mar (ABI).- El ministro de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez, informó el martes que el proceso de la consulta previa en las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), para definir la construcción o no  de una carretera por ese reserva natural, demandará una inversión de más de 10 millones de bolivianos.

En una conferencia de prensa, anunció que la consulta se realizará en mayo próximo y dijo que será necesario un despliegue logístico y al menos 15 brigadas para recorrer las 63 comunidades que habitan en ese parque nacional.

"Aproximadamente va a costar más de 10 millones de bolivianos. Ese es el presupuesto que hemos hecho de todo el proceso, no de la consulta misma. Los precios y costos de movilización son muy caros", argumentó.

Sánchez añadió que en abril se hará público el protocolo o reglamento de la Ley 222 que establece la consulta previa libre e informada a las comunidades del TIPNIS, que deben definir la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Al respecto, señaló que los nativos recibirán toda la información referida al impacto ambiental y a las medidas de mitigación y salvaguardas para cuidar ese hábitat.

Subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores invitó a organismos internacionales a participar, como veedores en esa consulta que se realizará en idioma castellano, mojeño-trinitario, chimán y yuracaré.

"Recuerden que la Ley plantea que el resultado de la consulta es obligatorio en su cumplimiento tanto para los pueblos del TIPNIS como para el Estado", remarcó.



Fuente -                     ABI

Presidente Morales inaugura III Juegos y dice que el deporte es la mejor forma de combatir la delincuencia

Fotos - Agencia Boliviana de Informaciones.

Gabinete aprobará proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana: Carlos Romero

La Paz, 20 mar (ABI).- El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que normará la prevención del delito, la lucha contra el crimen organizado y que ratificará el aporte del 10 y 5% del Impuesto Indirecto a los Hidrocarburos (IDH), por parte de las gobernaciones y municipios se aprobará en la próxima reunión de Gabinete, informó el martes el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

En un contacto con los periodistas, informó que el pasado fin de semana el anteproyecto fue revisado para su aprobación en el Gabinete del miércoles y su remisión inmediata a la Asamblea Legislativa, para su debate.

Recordó que esa futura norma fue socializada en 8 departamentos y 13 ciudades intermedias, además de su debate en la segunda Cumbre de Seguridad Ciudadana que se realizó en Tarija.

El Ministro de Gobierno afirmó que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se complementará con un paquete de 10 normas legales, "la integrabilidad y la responsabilidad en la gestión de la seguridad ciudadana", además del fortalecimiento institucional de la Policía, para incrementar su capacidad técnica y operativa e impulsar la desconcentración territorial por distritos.

Puntualizó que los Gobiernos Departamentales asignarán 10% de sus recursos provenientes del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH) y los Gobiernos Municipales destinarán fondos, de acuerdo a su población definida en el último censo.

Los municipios con población menor a los 50.000 habitantes, aportaran 5% de sus recursos del IDH y las que superen 50.000 habitantes destinaran 10% del IDH.

El proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana prevé también  conformar los consejos de Seguridad Ciudadana, en los que no solamente estará la representación institucional del Estado, en sus diferentes órganos y niveles, sino de la sociedad civil en su estructura de movimientos sociales y plataformas ciudadanas.

Además de un conjunto de políticas, particularmente en los sectores de salud, cultura, deporte y comunicación. 

El Ministro de Gobierno recordó que entre las propuestas para fortalecer el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana están las medidas de emergencia, como la instalación de cámaras de vigilancia en locales públicos y centros de diversión y otros aspectos que deben estar contempladas en las disposiciones transitorias de la ley.

dea/rsl              ABI

ONUDD deja que países definan sobre el acullicu

(PAGINA SIETE).- El director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov, dejó en manos de los 184 países miembros de la Convención de Estupefacientes la decisión de despenalizar la hoja de coca, como lo demandó el Gobierno boliviano.

La afirmación la hizo el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, quien ayer reveló detalles de la reunión que tuvo el presidente Evo Morales en Viena (Austria) la pasada semana, antes de que participara del 55 periodo de sesiones de la Convención sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, donde enfatizó su compromiso para luchar contra el narcotráfico y reclamó despenalizar el acullicu.

“El Presidente expuso con claridad y firmeza que Bolivia busca la responsabilidad compartida de todos los estados en la lucha contra el narcotráfico y que estaba en Viena para que se repare el daño histórico buscando la despenalización de la hoja de coca, fundamentalmente el acullicu. Fedotov escuchó la posición firme del Presidente y le dijo que la modificación de la Convención respecto a la despenalización estaba en manos de los estados miembros”, dijo Saavedra en una entrevista con los medios estatales. 

Manifestó que Morales también fue enfático al rechazar el uso político que hace Estados Unidos en el tema anti narcóticos.

Durante la sesión de la Convención, Morales afirmó que los productores de coca no son narcotraficantes y que los consumidores de coca tampoco son narcodependientes. Reafirmó la posición de que la hoja de coca en su estado 

natural es beneficiosa porque se usa con fines medicinales y alimenticios.

datos - Pagina siete