La Paz, 26 de ago. (
La Razón).- El Gobierno rechazó ayer el fallo de la Corte de Comercio Internacional (CCI) en favor de la Jindal Steel & Power respecto a que el Estado debe pagar a esa firma $us 22,5 millones por el cobro de sus dos boletas de garantía que realizó la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).
El rechazo fue expresado por el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, en un contacto breve con radio Fides, porque la autoridad se encontraba en la ciudad de Potosí junto al presidente Evo Morales.
“Reitero, no compartimos este tipo de acciones y decisiones que piensan en el capital privado y no piensan en beneficio de los pueblos y los Estados. Reitero, vamos a hacer conocer nuestra posición oficial en las próximas horas”. Fuentes del Ministerio de Minería señalaron que hasta ayer no recibieron ninguna notificación con el fallo de la CCI.
Intereses. La Jindal Steel & Power, cuya subsidiaria en el país es Jindal Steel Bolivia (JSB), comunicó el domingo que ganó el proceso arbitral por $us 22,5 millones contra la ESM por el cobro de las boletas de garantía el 15 de abril de 2010, monto que sumaba $us 18 millones por la falta de renovación de la garantía.
El abogado de la JSB, Jorge Valda, indicó ayer a La Razón que si bien las boletas de garantía son por $us 18 millones, los intereses por éstas llegan a $us 4,5 millones, por lo que el monto a pagar es $us 22,5 millones.
El 27 de junio de este año, este diario publicó que el procurador general del Estado, Héctor Arce, dijo que Bolivia no reconoce la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI-París al que recurrió la empresa india.
“En una acción incomprensible, queriendo tal vez sorprender a las autoridades de la CCI-París, recientemente presentó un arbitraje en contra del Estado boliviano, siendo que la controversia se está resolviendo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en un arbitraje comercial bajo las normas y responsabilidad de la Empresa Siderúrgica el Mutún”, aseguró entonces.
Arce añadió que ese arbitraje presentado en París no tiene ninguna base legal. “No puede ser admitido y no va a ser reconocido jamás por Bolivia”, porque no existe ningún acuerdo bilateral entre India y Bolivia.
Sin embargo, el abogado de la JSB recordó que la CCI está avalada por la Unión Europea y por todas las agrupaciones internacionales de comercio respecto a negociaciones entre privados o Estados y privados.
El 18 de julio de 2007, JSB y la ESM firmaron un Contrato de Riesgo Compartido (CRC) por el que Jindal se comprometía a invertir $us 600 millones en los dos primeros años para la explotación de hierro en el Mutún. La inversión total para el proyecto siderúrgico era de $us 2.100 millones. La JSB estaba a cargo del 50% del yacimiento en el municipio de Puerto Suárez, en Santa Cruz.
Valda adelantó que el fallo abre la posibilidad a la JSB de demandar al Estado por otros $us 100 millones por daños y perjuicios. “El daño que se ha creado a la empresa asciende a aproximadamente $us 100 millones, el cual está en perspectiva de demandarse”. Acotó que la empresa fue perjudicada en su imagen en la bolsa de valores.
Procesos, acciones y solicitud
Extinción
El abogado de la JSB, Jorge Valda, adelantó que una vez que tengan el fallo de la CCI en sus manos, pedirán la extinción de la acción penal contra cinco ejecutivos de la empresa india, porque la determinación asumida en ese arbitraje “acredita que nunca existió mala fe” de ellos.
Recursos
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, aclaró ayer que hasta el momento no le llegó ningún requerimiento de recursos adicionales para el pago de $us 22,5 millones a la empresa.
El Estado tendrá 10 días para pagar
El Estado tendrá diez días para pagar $us 22,5 millones a la empresa Jindal Steel & Power, una vez que sea notificado con el fallo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) respecto a la ejecución “ilegal” de las boletas de garantía que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) efectuó en 2010, indicó ayer Jorge Valda, abogado de la Jindal Steel Bolivia (JSB), subsidiaria de la firma.
La explicación fue dada a La Razón ante la consulta de ¿cuánto tiempo debe pasar para que el Estado cumpla con el pago de ese monto? Ante ello respondió lo siguiente: “Una vez que sea notificado el Estado; si no ha interpuesto un recurso de apelación o ha realizado un acto impugnatorio alguno, tendrían que pasar diez días”.
Añadió que el Tribunal Arbitral de la CCI determinó que ese cobro fue ilegal porque no se le brindó a la Jindal Steel & Power las posibilidades de cumplir con el contrato suscrito con la estatal ESM en 2007. Valda explicó que el cobro de $us 22,5 millones no solo es por la ejecución de las boletas de garantía por un monto de $us 18 millones, sino también por los intereses de éstas, que suman $us 4,5 millones, por lo que el monto llega a $us 22,5 millones.
“El fallo ha determinado que la Jindal tiene la razón, que se han ejecutado ilegalmente las pólizas de garantía, por lo que corresponde al Estado devolver este dinero, más los intereses, y eso da lugar a la posibilidad de instaurar acciones para reparar los daños que se han ocasionado”, dijo.
De no cumplirse con el pago, señaló el abogado, la CCI estipula sanciones y determinaciones y una de ellas es que el Estado se vería inmiscuido en un conflicto “por incumplimiento de determinaciones de fallos internacionales”, lo que en el ámbito internacional le generaría al país demasiado perjuicio.
