"Tenemos bastantes compañeros de las organizaciones sociales del pacto de unidad en la Asamblea”, manifestó el dirigente de los interculturales Rodolfo Quispe, aunque los dirigentes no tienen cifras precisas.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Confederación de Comunidades Interculturales, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y las fraccionadas Confederación Indígena del Oriente Boliviano y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo conformaron el Pacto de Unidad cuando el presidente Evo Morales afrontó su mayor crisis política frente a las movilizaciones de la llamada "media luna” en el año 2008.
Hoy, estas organizaciones indican que alcanzaron una mayor participación en la administración estatal desde la victoria de Evo Morales en 2005.
Aunque no hay cifras exactas, los representantes afirman que la presencia en el Legislativo fue aumentando. Para la nueva legislatura se aproxima al medio centenar, según dirigentes.
La vicepresidenta del MAS y diputada electa que representa al sector de los interculturales, Concepción Ortiz, considera que esta participación "importante” a los sectores es atribuible "al tejido político” que realizaron durante la preselección de postulantes. Este sector por lo menos tiene cinco asambleístas en el nuevo Legislativo.
Los campesinos, otra organización que apoya el denominado proceso de cambio, consolidaron un bloque de más de 15 legisladores, según el dirigente campesino Rodolfo Machaca.
La diputada chiquitana Marcela Chuvirú relató que esta organización tiene más de siete diputados, que representan a los originarios de tierras bajas.
En la nueva Asamblea, según la representante supranacional Flora Aguilar (MAS), también "existe una presencia mayoritaria de las bartolinas”, aunque no se conoce la cantidad exacta de representantes.
En la etapa de campaña de octubre, otros sectores se han subido al carro del MAS, como la Confederación de Choferes, que tiene seis diputados plurinominales en la nueva Asamblea, según el dirigente y diputado electo Franklin Durán.
El senador Efraín Condori, del sector cooperativista, dijo que la representación de este sector es similar a la legislatura que termina, aunque no dio cifras.
Los productores de coca del Chapare, organización a la que pertenece el Presidente, bajaron su presencia de seis a tres diputados titulares en la Asamblea.
Sectores priorizarán la Agenda 2025
La presencia corporativa de las organizaciones sociales en la Asamblea Legislativa no será determinante para desarrollar una agenda sectorial, sino que los sectores priorizarán el plan de gobierno con base en la Agenda 2025.
"Vamos a llevar adelante la agenda 2025 y el plan de gobierno”, afirmó la diputada electa que representa a los productores de coca de Cochabamba, Juana Quispe.
"Lo que primará es una visión integral (...). No queremos cometer errores al sectorializar”, es el mandato de la CSUTCB a sus representantes, dijo Rodolfo Machaca.
Sin embargo, la presidenta de la CIDOB, Melva Hurtado, comentó que el mandato principal a sus asambleístas electos es garantizar el respeto a los derechos indígenas.
Quispe comentó que una de las prioridades, por ejemplo para los cocaleros, es la aprobación del proyecto de Ley del Régimen de la Coca.
En esa línea, el senador que representa a los mineros cooperativistas Efraín Condori dijo que los legisladores que representarán a ese sector trabajarán por el proceso de cambio y segundo, "estarán cerca de las reivindicaciones sectoriales de los mineros”.
La exministra y actual diputada electa Susana Rivero afirmó que independientemente de la pertenencia a un movimiento social, "venimos a cumplir un plan de gobierno, que será el factor de cohesión política”.
"Por supuesto, habrá tensiones, porque es normal entre actores diversos, independientemente de sus motivaciones individuales”, sostuvo.
La presencia corporativa de las organizaciones sociales en la Asamblea Legislativa no será determinante para desarrollar una agenda sectorial, sino que los sectores priorizarán el plan de gobierno con base en la Agenda 2025.
"Vamos a llevar adelante la agenda 2025 y el plan de gobierno”, afirmó la diputada electa que representa a los productores de coca de Cochabamba, Juana Quispe.
"Lo que primará es una visión integral (...). No queremos cometer errores al sectorializar”, es el mandato de la CSUTCB a sus representantes, dijo Rodolfo Machaca.
Sin embargo, la presidenta de la CIDOB, Melva Hurtado, comentó que el mandato principal a sus asambleístas electos es garantizar el respeto a los derechos indígenas.
Quispe comentó que una de las prioridades, por ejemplo para los cocaleros, es la aprobación del proyecto de Ley del Régimen de la Coca.
En esa línea, el senador que representa a los mineros cooperativistas Efraín Condori dijo que los legisladores que representarán a ese sector trabajarán por el proceso de cambio y segundo, "estarán cerca de las reivindicaciones sectoriales de los mineros”.
La exministra y actual diputada electa Susana Rivero afirmó que independientemente de la pertenencia a un movimiento social, "venimos a cumplir un plan de gobierno, que será el factor de cohesión política”.
"Por supuesto, habrá tensiones, porque es normal entre actores diversos, independientemente de sus motivaciones individuales”, sostuvo.
Punto de vista
María Teresa Zegada
Socióloga y analista política
Quieren estar
en espacios políticos
Ahora el Gobierno tiene pactos no sólo con las organizaciones indígenas, sino con las "trillizas”, que son las organizaciones campesinas. A ese nivel se ha mantenido una fuerte unión y conexión con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y se ha logrado asentar el respaldo a ese partido.
También ha logrado ocupar cargos jerárquicos a nivel de los órganos del Estado.
A esa escala, mirando la presencia de esas organizaciones en el Estado, se perciben fuertes tensiones. Por un lado, el Gobierno hace todos los esfuerzos por mantener esta base social como sus aliados, concediendo en muchas de sus demandas, que a veces son muy corporativas y, por el otro, en momentos electorales se traduce en espacios de poder.
Las organizaciones quieren estar en la administración de instancias políticas. De ahí que se tiene como resultado asambleístas de estas organizaciones y también en cargos jerárquicos.
El otro tema complejo es que las organizaciones no se restringen al anterior Pacto de Unidad, sino que se amplió mucho en los últimos años con la presencia de los cooperativistas, comerciantes, gremiales e incluso sectores del empresariado cruceño que están logrando pactos corporativos con el Gobierno.
El gran riesgo de esta ampliación de pactos con sectores sociales es que ese partido pierda la noción del proyecto político y que estos pactos respondan más a la necesidad sectorial de sus intereses.
O sea, es un pacto mediado por el pragmatismo y no tanto por un horizonte común.
Si bien desde el lado positivo la democracia se ha ampliado, del otro lado uno percibe los riesgos que este tipo de relación puede implicar entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
María Teresa Zegada
Socióloga y analista política
Quieren estar
en espacios políticos
Ahora el Gobierno tiene pactos no sólo con las organizaciones indígenas, sino con las "trillizas”, que son las organizaciones campesinas. A ese nivel se ha mantenido una fuerte unión y conexión con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y se ha logrado asentar el respaldo a ese partido.
También ha logrado ocupar cargos jerárquicos a nivel de los órganos del Estado.
A esa escala, mirando la presencia de esas organizaciones en el Estado, se perciben fuertes tensiones. Por un lado, el Gobierno hace todos los esfuerzos por mantener esta base social como sus aliados, concediendo en muchas de sus demandas, que a veces son muy corporativas y, por el otro, en momentos electorales se traduce en espacios de poder.
Las organizaciones quieren estar en la administración de instancias políticas. De ahí que se tiene como resultado asambleístas de estas organizaciones y también en cargos jerárquicos.
El otro tema complejo es que las organizaciones no se restringen al anterior Pacto de Unidad, sino que se amplió mucho en los últimos años con la presencia de los cooperativistas, comerciantes, gremiales e incluso sectores del empresariado cruceño que están logrando pactos corporativos con el Gobierno.
El gran riesgo de esta ampliación de pactos con sectores sociales es que ese partido pierda la noción del proyecto político y que estos pactos respondan más a la necesidad sectorial de sus intereses.
O sea, es un pacto mediado por el pragmatismo y no tanto por un horizonte común.
Si bien desde el lado positivo la democracia se ha ampliado, del otro lado uno percibe los riesgos que este tipo de relación puede implicar entre el Gobierno y las organizaciones sociales.
