Senador Julio Salazar

Suxo afirma que senador Pinto recurre al asilo político para no rendir cuentas ante la justicia

Ministra de Anticorrupcción La Paz, 10 jun (ABI).- El senador por Convergencia Nacional (CN), Róger Pinto, pidió asilo en la embajada de Brasil, para no rendir cuentas ante la justicia boliviana, ante la cual tiene pendientes más de 14 procesos penales, aseguró el domingo la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo. "Se habla de persecución política cuando uno es perseguido por sus ideales por lo que piensa, pero no cuando incurrió en delitos de corrupción", apuntó la autoridad en una entrevista con medios estatales. El 28 de mayo, Pinto acudió a la embajada de Brasil en Bolivia, ubicada en la ciudad de La Paz, para solicitar asilo político, porque supuestamente sufría de persecución política por parte del Gobierno. El viernes, obtuvo una respuesta positiva a su pedido, aunque el Gobierno aseguró que aún no tiene un comunicado oficial de la decisión del vecino país. Suxo informó que entre los procesos que afronta el senador, se encuentra aquel que se le sigue porque autorizó un aporte de la Zona Franca de Cobija para la creación de nuevas carreras en la Universidad Amazónica de Pando. En este proceso el juicio estaba previsto para el 24 de mayo, pero su suspendió para el 6 de junio, tiempo que aprovechó Pinto para pedir asilo, en lugar de asistir a dicho juicio. Detalló que en este caso los delitos que se persiguen son: conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, pues se constató que el senador opositor y el Directorio de Zofraco transfirieron el 0,5 % de los ingresos por el derecho de entrada de mercadería en favor de la Universidad Amazónica de Pando desconociendo el Decreto Supremo 2593, que establece que cualquier transferencia de recursos de las Zonas Francas debe ser autorizada por el Ministerio de Hacienda. En este caso, el Juez 1ro. de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, ordenó como medidas sustitutivas a la detención el arraigo, la presentación de dos garantes personales y la obligación de presentarse una vez por semana ante la Fiscalía, acreditando la existencia de suficientes elementos de convicción en torno a los delitos investigados en el proceso. Las medidas cautelares aplicadas contra Pinto, también acreditaron "el peligro de fuga y la obstaculización del proceso penal". De acuerdo con los antecedentes, tras la acumulación de las evidencias se determinó que el daño económico causado al Departamento de Pando fue de aproximadamente 6 millones de dólares. Denunció que Pinto mediante sus cuatro juristas, entre esos Luis Vásquez, Alain Canedo, además de su bancada acosaron y amedrentaron a los operadores de justicia, el Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia de Pando. Explicó que el Ministerio a su cargo impulsa cinco procesos contra el senador por hechos de corrupción entre esos el proceso por el caso de los desembarcaderos, la venta anómala de terrenos de la Zona Franca, recepción de dinero de los juegos de azar Bingo Bahiti y cuatro por desacato, uno de ellos denunciado por ella, otro por el vicepresidente, Alvaro García Linera, el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y el Fiscal Marcelo Soza por el delito de difamación. Recordó que Pinto fue denunciado por su correligionario Paulo Bravo, además está implicado en el intento de asesinato a la entonces fiscal de Distrito de Pando, María Dely Atiare, quien fue víctima de un atentado mientras dormía en un hotel de Cobija. Dely Atiare investigaba casos de corrupción y contrabando en el que está implicado el senador Pinto. Dea/ma ABI