La
Paz, 24 jun (ABI).- El ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Luis Arce, informó el lunes que el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) tomó la decisión de sacar a Bolivia de la lista
'gris-oscura', que incorpora a los países que tienen deficiencias en combatir
el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
'Este es un hito histórico para el
país, es la primera vez que la comunidad internacional, a través de esta
institución GAFI, reconoce (los avances) para normar, para regular el lavado
de dinero en Bolivia y la lucha contra el financiamiento al terrorismo',
dijo.
El organismo tomó esa decisión en la
tercera reunión plenaria que se realizó la pasada semana en Oslo, Noruega.
En una conferencia de prensa, Arce fustigó la dejadez de los gobiernos
neoliberales, porque 'no hicieron absolutamente nada para que Bolivia no esté
en esta lista'.
Dijo que 'Bolivia hubiera sufrido un
bloqueo económico y financiero, dado que los países de la comunidad
internacional habrían suprimido o reducido las relaciones económicas y
financieras con nuestro país afectando el flujo de capitales y
consiguientemente la inversión extranjera'.
'A la gente le hubiera afectado en sus transacciones (...), las remesas de
los bolivianos que viven en el exterior no hubieran llegado jamás al país y
no hubieran podido realizar ninguna transacción desde Bolivia con otros
bancos o entidades financieras internacionales. Ese era el peligro de que
Bolivia esté en esta lista negra que estábamos a punto de caer dado que no
habían realizado los neoliberales una sola tarea para sacar a Bolivia de este
entuerto', añadió.
Arce explicó que el Gobierno en los últimos años hizo importantes mejoras en
su sistema legal e institucional para combatir el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo para conseguir la exclusión del nombre de
Bolivia de la lista 'gris oscura'.
En agosto de 2008, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 29681, que
estableció un esquema de control sobre la internación y salida de divisas del
territorio nacional y otorgó la responsabilidad de Sujeto Obligado a la
Aduana Nacional respecto del lavado de dinero.
En mayo de 2009, emitió el Decreto Supremo 138, que estableció la aplicación
de medidas cautelares (retención de fondos, incautación y confiscación) sobre
el patrimonio y los medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o
estuviesen comprometidos en la comisión del delito de terrorismo, sedición o
alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del estado.
En julio de 2009, mediante Ley 4072, el Estado boliviano ratificó el
Memorándum de Entendimiento de constitución del GAFISUD.
En marzo de 2010, promulgó la Ley 004, 'Marcelo Quiroga Santa Cruz', que
mejora la tipificación del delito de legitimización de ganancias ilícitas.
En mayo de 2010, puso en vigencia la Ley 007, de modificaciones al sistema
normativo penal, mediante la cual, entre otros, modificó el artículo 252 del
Código de Procedimiento Penal, otorgando facultades al fiscal para que de
manera directa disponga la aplicación de medidas cautelares de carácter real.
En noviembre de 2010, promulgó la ley 060, que regula el funcionamiento y el control
de casas de juego y juegos de azar, que también se incluye en el marco de la
lucha contra las ganancias ilícitas.
En septiembre de 2011, con la Ley 170, el Gobierno incorporó al Código Penal
las figuras penales de financiamiento del terrorismo, separatismo y
legitimación de ganancias ilícitas, y asignó nuevas atribuciones a la Unidad
de Investigaciones Financieras.
En julio de 2012, se promulgo la Ley 262, que instituye un régimen especial
de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con
acciones de terrorismo y financiamiento del terrorismo, consignadas en las
listas públicas de Naciones Unidas o en los requerimientos de países, en el
marco de la cooperación internacional.
En diciembre de 2012, se emitió la Resolución Bi ministerial 003/2012, entre
los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Relaciones Exteriores,
mediante el cual se reglamenta el procedimiento de congelamiento de fondos y
otros activos, en el marco de la Ley 262.
La más reciente medida emitida por el Gobierno es de abril de 2013, el
Decreto Supremo 1553, mediante el cual se introdujeron aspectos
complementarios al régimen de congelamiento de fondos de personas vinculadas
con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
'Hoy el sistema financiero tiene un
aval de que en Bolivia hay una lucha contra el lavado de dinero y hay la
lucha contra el financiamiento al terrorismo', dijo Arce.
rm/ma
ABI
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario