Policías viajan de Apolo a Miraflores (30 kilómetros) para erradicar coca excedentaria. |
La Razón / Juan José Cusicanqui / La Paz
04:32 / 25 de octubre de 2013
El presidente Evo Morales y el viceministro de Defensa Social, Felipe
Cáceres, sospechan que detrás de los ajusticiamientos a tres uniformados
erradicadores de coca y un civil, en la comunidad apoleña de Miraflores, están
narcotraficantes o extranjeros, dadas las características del ataque.
El sábado, según la información oficial del Gobierno, un contingente de
la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por las Fuerzas Armadas y la
Policía, sufrió una arremetida con armas de fuego cuando se aprestaba a
erradicar coca excedentaria en el municipio de Apolo. Según los comunarios, los
uniformados atacaron con gases lacrimógenos a las viviendas de los cocaleros,
por lo que éstos se defendieron.
A raíz de ese violento hecho, fallecieron a consecuencia de disparos de
armas de fuego el subteniente de Ejército Óscar Gironda, el suboficial naval
Willy Yujra, el policía Reynaldo Quispe y el médico Michael Olivares, mientras
que otros 14 uniformados resultaron heridos por impactos de bala. El informe
forense emitido tras la autopsia a Olivares y Yujra da cuenta de que ambos
estaban de rodillas cuando murieron. Respecto a Gironda, uno de los heridos
contó que los agresores incluso siguieron golpeando el cuerpo sin vida del
oficial militar.
Posición. “Yo digo eso (el ataque armado) no es del movimiento campesino
porque no hace así, sino es gente ajena, serán narcotraficantes o extranjeros,
como se comenta, peruanos o colombianos”, sostuvo el Jefe del Estado en una
concentración en Lauca Ñ, en el trópico cochabambino.
El Primer Mandatario también hizo referencia a que uno de los heridos recibió el impacto de bala en la boca y lamentó la muerte de los cuatro uniformados y del civil.
“(Los agresores) han planificado seguramente acá (el ataque). No descartamos
la hipótesis de que hayan participado extranjeros; queremos ser más
responsables, todavía no podemos decir si son colombianos, peruanos o
brasileños; el Ministerio Público lleva adelante su investigación”, advirtió el
Viceministro de Defensa Social.
Cáceres, en una entrevista con radio Patria Nueva, observó el hecho de
que los agresores ni siquiera cumplieron las normas de la Cruz Roja
Internacional, ya que no dieron auxilio a las personas que estaban heridas. Por
el contrario, lamentó que hayan ejecutado a las cuatro víctimas mortales.
Las indagaciones de este hecho son llevadas adelante por cuatro fiscales, por
orden del jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.
Uno de ellos, Leopoldo Ramos, informó que en la inspección realizada en
la zona entre el miércoles y jueves se recolectaron diferentes
evidencias. “Se han encontrado bastantes elementos de prueba; hay armamento,
casquillos, proyectiles y bastante sangre en algunas casas donde estaban de
rehenes los soldados y los policías”, manifestó.
Entre los indicios valorados por la Fiscalía, Ramos detalló que una de
las tareas que realiza la comisión de investigación es desenterrar
pruebas, ya que existe información en sentido de que hay armamento
y fusiles enterrados en la región, instrumentos que fueron utilizados por
personas que tenían de rehenes a las víctimas.
Recuperan un arma
Apolo
A 25 minutos de caminata de la plaza central de Miraflores, policías
encontraron enterrados en la maleza un chaleco antibalas, un fusil de balines y
gases lacrimógenos que habrían sido arrebatados a los uniformados el 17 de
octubre.
Juez ordena detención domiciliaria para Candi
Dennis Luizaga
En dos audiencias consecutivas, el juez mixto de Apolo, Daniel Guarachi,
ordenó la detención domiciliaria para el dirigente cocalero Gregorio Cari y el
arraigo natural para tres comunarios de la región que fueron detenidos e
imputados por la Fiscalía, dentro de la investigación de la emboscada del
sábado por la que murieron cuatro personas.
En el Salón Rosado del Tribunal de Justicia, el juez dispuso que Cari
quede arrestado en su vivienda de la zona San Isidro. El acusado no podrá salir
de La Paz y estará incomunicado con la gente de Apolo.
La audiencia de medidas cautelares contra el dirigente se instaló tras
el retiro de la recusación contra el juez de Apolo, presentada el miércoles por
los abogados del dirigente. También interpusieron un recurso de libertad que
fue denegado por magistrados del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Para
evitar la dilatación del proceso, el dirigente optó por retirar la medida.
Minutos después, se instaló la audiencia para otros detenidos por
la emboscada: Felipe Toro, Simeón Enríquez y Humberto Flores. El juez
determinó arraigo natural como medida sustitutiva, que quiere decir que los
sindicados permanecerán en Apolo, donde deben ir a la Fiscalía cada 15 días.
Mujeres y niños se refugian en la parroquia
Williams Farfán
Al menos 15 mujeres y unos 20 niños se fueron de las comunidades de
Copacabana y Miraflores, y se refugiaron en la parroquia de Apolo por la
presencia policial y militar que hay en sus viviendas. Los efectivos de la
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) continúan con la erradicación en esas zonas.
“Tenemos miedo de que nos hagan algo (los uniformados). Además, ya no
tenemos a nuestros esposos para que nos ayuden en nuestras plantaciones. Mi
marido fue detenido sin motivo y le pegaron ayer (miércoles) para llevarlo a no
sé dónde”, denunció una señora que tiene nueve hijos y que perdió su cocal.
Otra mujer, madre de siete hijos, contó que su pareja tuvo que huir de
Copacabana con rumbo desconocido porque los policías querían detenerlo al igual
que otros dirigentes.
“Muchos de los niños estaban desesperados y en shock, a tal punto que
cuando nos vieron llegar, huyeron al monte. Pero, luego de confirmar que éramos
no-sotros, volvieron. La mayoría está sin padres
porque ellos se ocultan y otros están detenidos”, informó el padre Dionisio
Pinedo, responsable de la parroquia Inmaculada Concepción de Apolo, quien fue
al rescate de los menores que ya no tenían qué comer.
Cerca de 250 efectivos de la FTC ingresaron aproximadamente a las 06.00
a Copacabana, de forma estratégica y por distintos sectores, con el objetivo de
no ser sorprendidos como el sábado 17 de octubre. Las personas atemorizadas
salieron con la ayuda del párroco, quien las sacó de la comunidad en una
camioneta blanca de la Iglesia Católica.
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