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Senador Julio Salazar, presidente de la Comisión de Tierra y Territorio Cámara de Senadores |
La Paz, 13 nov (ABI).- El senador
del Movimiento Al Socialismo (MAS), Julio Salazar, informó el martes por la
noche que el Estudio Integral de la Hoja de Coca, elaborado con ayuda de la
Unión Europea, establece que se necesitan 14.705 hectáreas cultivadas de
coca, para cubrir el consumo tradicional en Bolivia.
Salazar dio la información después de participar de la presentación que
realizó el Órgano Ejecutivo ante todas las organizaciones productoras de hoja
de coca del país, sobre los resultados del Estudio Integral de la Hoja de
Coca.
No obstante, el senador explicó que aún 'faltan realizar informes
complementarios al estudio', con relación a las cantidades necesarias para
industrializar y exportar la hoja de coca, en su estado natural.
'Ese estudio arroja 14.705 hectáreas para el consumo legal tradicional y
cultural, pero es un informe parcial, porque falta hacer complementaciones
como el tema de la industrialización de los derivados de la hoja de coca y
también tener los datos de la exportación', dijo a la prensa.
Por su parte, el senador del MAS, Eugenio Rojas, precisó que el estudio
establece que Bolivia necesita 20.960 toneladas anuales de hoja de coca para
cubrir el consumo tradicional que -dijo- es más frecuente en las áreas
rurales.
Rojas manifestó que el informe presentado contempla ocho estudios integrales
sobre el consumo de la hoja de coca en Bolivia y dos más complementarios.
La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, conocida como 1008 y
promulgada el 28 de diciembre de 1988, reconoce 12.000 hectáreas de coca
destinadas al consumo tradicional dentro del país.
No obstante, el gobierno del ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) decidió, a
través de un Decreto Supremo, emitido en 2004, legalizar un cato de coca (40
por 40 metros cuadrados) por familia en el trópico de Cochabamba.
El Estudio Integral del Consumo de la Hoja de Coca en Bolivia fue contratado
en 2007, con auspicio de la Unión Europea, aunque empezó en 2008 y, con
estudios complementario del Gobierno boliviano, recién se concluyó en 2013.
mcr/
ABI
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