La Paz, 8 de jul. (La Razón).- La dirigencia de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) está de acuerdo con que la fusión del bono de seguridad ciudadana a sus haberes básicos entre en vigencia desde 2015.
“Nuestro pedido es único, para soldar el bono (de seguridad ciudadana) con el haber básico, por eso tenemos el adelanto de que el Gobierno nos propondrá (que entre en vigencia en enero). Esa es la predisposición que encontramos de que en 2015 se empiece a pagar el fusionado”, adelantó el presidente de la Anssclapol, sargento Javier Quispe. El representante de la Anssclapol en Santa Cruz, sargento Omar Huayllani, afirmó que hay buena disposición del Gobierno para solucionar el conflicto y atender la demanda de los efectivos.
“Es claro de que el beneficio que queremos tener es a partir de enero de 2015, esto se construirá en el Plan Operativo Anual (POA) que se trabajará este año (desde agosto) para la próxima gestión, en eso tiene que ingresar nuestra demanda (de fusionar el bono de seguridad y haber básico) y eso es lo que nos propondrán”, indicó Huayllani en rueda de prensa.
Quispe acotó que es posible que se llegue a un acuerdo hasta mañana y se firme el convenio en ese sentido, ya que acataron lo que pidió el Gobierno, en cuanto a la suspensión de medidas, volver al diálogo y retornar a trabajar a sus unidades. “No creo que haya otro inconveniente para llegar a una solución definitiva”, manifestó Huayllani.
Petición. Tras un estéril diálogo por tres días entre el Gobierno y dirigentes de la Anssclapol, el jueves los uniformados de bajo rango se replegaron y tomaron como centro de protesta la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en La Paz y Cochabamba para exigir unir a su haber básico (Bs 1.860) el Bono de Seguridad Ciudadana, (Bs 400).
La protesta policial creció y se dio en al menos ocho regiones del país. Los efectivos se replegaron, instalaron piquetes de huelga de hambre y realizaron marchas. Las movilizaciones se dieron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Potosí, Oruro, Tarija y Chuquisaca. Tras las medidas de presión, el fin de semana, los uniformados movilizados ingresaron en cuarto intermedio en sus medidas para retomar el diálogo. Según Quispe, trabajarán por tiempo y materia hasta firmar un acuerdo.
El 3 de julio, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que la fusión solicitada tendría efectos colaterales que hacen inaplicable en la presente gestión. Por ese motivo planteó la conformación de una comisión técnica para estudiar la posibilidad de incorporarla para el presupuesto de 2015. En esta cartera se informó que la fusión representaría al menos Bs 3 millones, monto que se incrementaría cada año por los aumentos salariales.
Repliegue de efectivos de bajo rango
Medidas
En el departamento de Potosí al menos 500 uniformados de bajo rango continúan replegados, a la espera de los resultados de la negociación iniciada en la ciudad de La Paz.
Incremento
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que en 2014 se registró un incremento al salario básico de los policías de 10%. Además, con la aplicación de la curva inversamente proporcional, llegan a recibir hasta un 11,6% de alza, dijo. Agregó que con el doble aguinaldo, se registra un incremento de al menos 23%.
Comando prohíbe uso de redes sociales a efectivos
A través de un memorándum, el comandante de la Policía Boliviana, general Wálter Villarpando, prohibió el uso de las redes sociales, a los efectivos de la institución para convocar a protestas y otros.
La circular fax de 5 de julio, N° 1963/2014, fue dirigida a toda la guarnición policial. La Razón tuvo acceso al documento en el que se lee “Por cumplimiento de este despacho (Comando) deberán hacer conocer a los señores jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, cabos, policías y personal administrativo; que la utilización de las redes sociales como Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail, Whatsapp y otros; para convocar instigar, apoyar, liderar, motines, huelgas, etc. constituye falta disciplinaria y delito. Por lo que deberá instruir a los funcionarios policiales abstenerse de su utilización con fines ilícitos”.
En el mismo documento se advierte que si desobedecen la disposición, el hecho se constituirá en una comisión de faltas disciplinarias de connotación institucional, por lo que se iniciarán las acciones legales correspondientes en la vía ordinaria. Por esto, añade, se adoptarán medidas irrestrictas en defensa de los intereses institucionales.
Sobre la prohibición del uso de redes sociales, este diario intentó obtener una contraparte de alguna autoridad del Comando de la Policía Boliviana, mediante los responsables correspondientes, pero no tuvo éxito.
Ticona es investigado por robo de arma
La Fiscalía de La Paz inició investigaciones por el robo de un arma de fuego en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de La Paz. El acusado es el sargento Pedro Ticona, dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol).
La acción penal en contra del uniformado de bajo rango, quien fue uno de los primeros en tomar la UTOP e instalar un piquete de huelga de hambre, llegó ayer al Ministerio Público y de inmediato iniciaron con las pesquisas, informó el fiscal de materia Samuel Lima.
“El despacho recibió la denuncia remitida por personeros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que refiere que el 5 de julio, a las 15.00, recibió una llamada telefónica de parte del estafeta de la UTOP, en la que denuncian que el sargento Ticona ingresó a oficinas violentando chapas de seguridad y sacó una pistola 9 milímetros, además de aerosoles de gas y otros objetos de valor”, informó Lima a La Razón.
Ante el hecho, la Fiscalía llevará adelante las acciones de ley en contra de Ticona y, por ello, se lo convocará mediante requerimientos. También se pedirá a la UTOP una ampliación de declaración informativa del señor Bruno Portugal, estafeta de la unidad policial que denunció el ilícito. Ante la denuncia, este diario intentó obtener una versión oficial del sargento Ticona, pero no se pudo ya que no contestó su teléfono móvil. El acusado cumplió una huelga de hambre de dos semanas por una mejora salarial.
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