La decisión fue dictada el 19 de agosto en la ciudad de Sucre.
"Se está declarando constitucional todo el proyecto y se está dejando sin efecto el auto cuestionado. La sentencia también dispone la reanudación de la vigencia de la ley del Notariado, por consiguiente todos los efectos jurídicos que pueda tener en el ámbito del trabajo de los notariados”, informó ayer el presidente del TCP, Efren Choque, quien pretende que con esta disposición se "baje ese tensionamiento que hubo antes”.
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, dijo que no tenía conocimiento oficial de la sentencia, pero consideró que es un fallo a favor de la población. "Con esta resolución se está dando razón a la justicia, al pueblo; por fin la justicia realmente se está aplicando como debe ser”, afirmó.
La ministra explicó que las acciones de inconstitucionalidad en contra de esta norma no tenían ningún argumento jurídico, que sólo fueron planteadas para dilatar la aplicación de la ley. Las medidas cautelares dispusieron que no se pudiera implementar el Código Procesal Civil; la inhibición de transferencia de archivos y documentos, por lo que tampoco se pudo realizar el tratamiento del reglamento; también prohibían la designación de un director para la Dirección del Notariado Plurinacional.
Para el magistrado del TCP, Rudy Flores, se presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta respecto a si el servicio notarial podría estar en el Órgano Ejecutivo o en el Órgano Judicial. "El TCP ha identificado que la Constitución no prohíbe que la labor notarial es una tarea única y exclusiva del Órgano Judicial”.
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