8/7/14

Hija de Leopoldo desata crisis en la concertación de Costas y Doria

La Paz, 8 de jul. (El Deber).- Una dura carta que escribió  en su muro de Facebook Pamela Fernández, hija del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, en contra del gobernador de Santa Cruz,  Rubén Costas, desató una crisis interna en la alianza entre Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Demócrata Social y que amenaza con una ruptura entre el exprefecto y el candidato presidencial de la alianza Concertación Unidad Demócrata (CUD), Samuel Doria Medina.
 “Quién ca... se cree Rubén Costas para querer ser él quien decida las listas en Pando. Cree que porque abrió unas oficinuchas en cada departamento ya tiene presencia en todo el país”, cuestionó la hija del líder pandino y siguió con las críticas en defensa de la senadora Carmen Eva Gonzales.
Doria Medina minimizó esta publicación y dijo que el domingo cenó en casa de Fernández, donde examinaron las listas de candidatos a diputados y senadores, añadió que la alianza en Pando no corre riesgos y que se verá reflejada en las nóminas que presentarán hasta el viernes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los problemas
Después de la conferencia de prensa que ofreció Doria Medina, los dirigentes de UN explicaron que se trata de una vieja disputa entre la familia Fernández y el gobernador cruceño, ya que este último dejó “solo” a Leopoldo cuando fue acusado por el Gobierno y trasladado desde su región hasta La Paz, donde fue encarcelado por los hechos de Porvenir.
Según los dirigentes, no solo es el caso de la senadora pandina, sino también de la diputada suplente Jessica Echeverría, quien protestó contra el veto en las listas y expresó su molestia en su Twitter, los políticos explicaron que Pamela Fernández y Jessica Echeverría son “muy amigas” y que la publicación se justificaba.
Echeverría confirmó que es amiga de Pamela Fernández y que la conoció durante la campaña de 2009 cuando se pedía libertad para el ex prefecto pandino y desde entonces cultivan una amistad pero negó que hubiera hablado con ella para protestar por su candidatura.
A otros frentes
La senadora Carmen Eva Gonzales afirmó que si Costas no modifica su actitud, ellos como agrupación ciudadana “verán otras alternativas” y reveló que  existe conversaciones con el expresidente Jorge Quiroga, candidato por el PDC, pero reiteró que “los pasos” serán evaluados en función de la actitud de Costas, que insiste en vetar nombres de candidatos .
MSM y PDC negocian con frente amplio
 La decisión de varias de las corrientes que sustentaban el Frente Amplio, de dejar el mismo, abrió posiblidades en otras corrientes. Ayer el secretario político de MSM, Edwin Herrera, dijo que las conversaciones con Loyola Guzmán y José Antonio Quiroga se mantienen y abrió la posibilidad de un acuerdo.
El dirigente Gamal Serham, que es operador político de Jorge Quiroga, también reveló que existen negociaciones con diversos frentes, aunque no quiso admitir la proximidad que existe entre Jorge Quiroga con el senador Germán Antelo, quien dijo que se reunieron “con operadores” del expresidente, pero dijo que ellos ya definieron no participar de las elecciones de octubre y fortalecerán su presencia en los comicios regionales.

Seguro de periodistas será sobre utilidades

 La Paz, 8 de jul. (La Razón).- Los medios de comunicación, estatales y privados, ademas de los autogestionados (radios comunitarias), aportarán a un fondo común para el seguro de vida de más de 12.000 trabajadores de la prensa de Bolivia sobre el valor de sus utilidades, según las modificaciones a la ley que realizó la Comisión de Planificación en el Senado.
El anuncio lo realizó ayer el presidente de la Cámara Alta, Eugenio Rojas. Explicó que con anterioridad la ley definía que el aporte de las empresas a este seguro sea sobre el ingreso total de sus ganancias, situación que fue observada por el Tribunal Constitucional la pasada gestión.
Ahora, las empresas privadas y estatales aportarán con el 1% cada una y las autogestionadas con el 0,25%, descontando los deberes tributarios al Estado. El proyecto será analizado esta semana en el Senado.

Policías, dispuestos a que su demanda se atienda en 2015

 La Paz, 8 de jul. (La Razón).- La dirigencia de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) está de acuerdo con que la fusión del bono de seguridad ciudadana a sus haberes básicos entre en vigencia desde 2015.
“Nuestro pedido es único, para soldar el bono (de seguridad ciudadana) con el haber básico, por eso tenemos el adelanto de que el Gobierno nos propondrá (que entre en vigencia en enero). Esa es la predisposición que encontramos de que en 2015 se empiece a pagar el fusionado”, adelantó el presidente de la Anssclapol, sargento Javier Quispe. El representante de la Anssclapol en Santa Cruz, sargento Omar Huayllani, afirmó que hay buena disposición del Gobierno para solucionar el conflicto y atender la demanda de los efectivos.
“Es claro de que el beneficio que queremos tener es a partir de enero de 2015, esto se construirá en el Plan Operativo Anual (POA) que se trabajará este año (desde agosto) para la próxima gestión, en eso tiene que ingresar nuestra demanda (de fusionar el bono de seguridad y haber básico) y eso es lo que nos propondrán”, indicó Huayllani en rueda de prensa.
Quispe acotó que es posible que se llegue a un acuerdo hasta mañana y se firme el convenio en ese sentido, ya que acataron lo que pidió el Gobierno, en cuanto a la suspensión de medidas, volver al diálogo y retornar a trabajar a sus unidades. “No creo que haya otro inconveniente para llegar a una solución definitiva”, manifestó Huayllani.
Petición. Tras un estéril diálogo por tres días entre el Gobierno y dirigentes de la Anssclapol, el jueves los uniformados de bajo rango se replegaron y tomaron como centro de protesta la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en La Paz y Cochabamba para exigir unir a su haber básico (Bs 1.860) el Bono de Seguridad Ciudadana, (Bs 400).
La protesta policial creció y se dio en al menos ocho regiones del país. Los efectivos se replegaron, instalaron piquetes de huelga de hambre y realizaron marchas. Las movilizaciones se dieron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Potosí, Oruro, Tarija y Chuquisaca. Tras las medidas de presión, el fin de semana, los uniformados movilizados ingresaron en cuarto intermedio en sus medidas para retomar el diálogo. Según Quispe, trabajarán por tiempo y materia hasta firmar un acuerdo.
El 3 de julio, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó  que la fusión solicitada tendría efectos colaterales que hacen inaplicable en la presente gestión. Por ese motivo planteó la conformación de una comisión técnica para estudiar la posibilidad de incorporarla para el presupuesto de 2015. En esta cartera se informó que la fusión representaría al menos Bs 3 millones, monto que se incrementaría cada año por los aumentos salariales.
Repliegue de efectivos de bajo rango
Medidas
En el departamento de Potosí al menos 500 uniformados de bajo rango continúan replegados, a la espera de los resultados de la negociación iniciada en la ciudad de La Paz.
Incremento
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró que en 2014 se registró un incremento al salario básico de los policías de 10%. Además, con la aplicación de la curva inversamente proporcional, llegan a recibir hasta un 11,6% de alza, dijo. Agregó que con el doble aguinaldo, se registra un incremento de al menos 23%.
Comando prohíbe uso de redes sociales a efectivos
A través de un memorándum, el comandante de la Policía Boliviana, general Wálter Villarpando, prohibió el uso de las redes sociales, a los efectivos de la institución para convocar a protestas y otros. 
La circular fax de 5 de julio, N° 1963/2014, fue dirigida a toda la guarnición policial. La Razón tuvo acceso al documento en el que se lee “Por cumplimiento de este despacho (Comando) deberán hacer conocer a los señores jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, cabos, policías y personal administrativo; que la utilización de las redes sociales como Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail, Whatsapp y otros; para convocar instigar, apoyar, liderar, motines, huelgas, etc. constituye falta disciplinaria y delito. Por lo que deberá instruir a los funcionarios policiales abstenerse de su utilización con fines ilícitos”.
En el mismo documento se advierte que si desobedecen la disposición, el hecho se constituirá en una comisión de faltas disciplinarias de connotación institucional, por lo que se iniciarán las acciones legales correspondientes en la vía ordinaria. Por esto, añade, se adoptarán medidas irrestrictas en defensa de los intereses institucionales.
Sobre la prohibición del uso de redes sociales, este diario intentó obtener una contraparte de alguna autoridad del Comando de la Policía Boliviana, mediante los responsables correspondientes, pero no tuvo éxito.
Ticona es investigado por robo de arma
La Fiscalía de La Paz inició investigaciones por el robo de un arma de fuego en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de La Paz. El acusado es el sargento Pedro Ticona, dirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol).
La acción penal en contra del uniformado de bajo rango, quien fue uno de los primeros en tomar la UTOP e instalar un piquete de huelga de hambre, llegó ayer al Ministerio Público y de inmediato iniciaron con las pesquisas, informó el fiscal de materia Samuel Lima.
“El despacho recibió la denuncia remitida por personeros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que refiere que el 5 de julio, a las 15.00, recibió una llamada telefónica de parte del estafeta de la UTOP, en la que denuncian que el sargento Ticona ingresó a oficinas violentando chapas de seguridad y sacó una pistola 9 milímetros, además de aerosoles de gas y otros objetos de valor”, informó Lima a La Razón.
Ante el hecho, la Fiscalía llevará adelante las acciones de ley en contra de Ticona y, por ello, se lo convocará mediante requerimientos. También se pedirá a la UTOP una ampliación de declaración informativa del señor Bruno Portugal, estafeta de la unidad policial que denunció el ilícito. Ante la denuncia, este diario intentó obtener una versión oficial del sargento Ticona, pero no se pudo ya que no contestó su teléfono móvil. El acusado cumplió una huelga de hambre de dos semanas por una mejora salarial.

Partidos tradicionales apuestan a alianzas para seguir vigentes

La Paz, 8 de jul. (La Razón).- Partidos tradicionales como Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) apuestan por aliarse a otros frentes para mantener su vigencia y terciar en las elecciones generales previstas para el 12 de octubre.
Además, el artículo 44 de la Ley de Partidos Políticos dispone que hay dos causales por las que una organización política puede perder su personería: no haber  participado en dos procesos electorales consecutivos y no haber alcanzado el 3% de los votos válidos emitidos en los comicios.
“Por eso, varias de estas organizaciones buscan mantener su presencia institucional, porque en los hechos no tienen propuestas, perspectivas, ni liderazgo o alternativa electoral; es una sobrevivencia en el escenario político o para obtener ciertos cupos de poder”, consideró la analista y socióloga, María Teresa Zegada.
El 14 de julio vence el plazo para la inscripción de alianzas políticas y las nóminas de candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE); por eso, los frentes se apresuran a la consolidación de pactos, tal es el caso del FRI.
Postura. “Sin duda, la mejor posibilidad es unificar esfuerzos en la oposición y mientras no concluya el plazo todo es posible (...). Los partidos con sigla estamos en la expectativa  de firmar acuerdos”, dijo Wálter Villagra, delegado del frente de izquierda, fundado el 23 de abril de 1978.
En tanto, el representante de ADN —fundado el 23 de marzo de 1979—  ante el Órgano Electoral, William Baptista, afirmó que esta semana este partido define si participa o no en los comicios, aunque tampoco descarta alianzas con otras organizaciones. “Todo se definirá el 14 de julio”, afirmó.
Por su parte, UCS busca pactos con las organizaciones que a la fecha ya oficializaron sus binomios, como Unidad Demócrata (UN), de Samuel Doria Medina, y Ernesto Suárez, o el Movimiento Sin Miedo (MSM), que postula a Juan del Granado y a la diputada opositora Adriana Gil, que harán frente a la dupla del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García Linera.
“Hemos tenido una serie de acercamientos con frentes que anunciaron su candidatura y estamos analizando nuestra participación en la contienda electoral”, dijo Jhonny Fernández, líder de la UCS, fundada el 15 de agosto de 1989, por Max Fernández.
Para la analista Zegada, era “previsible” la determinación de esas organizaciones en el entendido de que en los últimos meses nunca perfilaron candidatos. “Si quieren presencia efectiva, hay la necesidad de unir fuerzas, es decir, constituir alternativas nuevas y esto no termine en una dispersión”.
La pasada semana, diez tiendas políticas —entre ellas FRI, UCS y ADN— presentaron sus planes de gobierno ante el TSE y se habilitaron para terciar en los comicios. Otras, a diferencia del resto, anunciaron que participarán sin aliarse  con los demás partidos tradicionales.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) pactó con lo que quedó del Frente Amplio, impulsado al inicio por Doria Medina, aunque todavía no presentó a su binomio. En tanto, el binomio consolidado es la del dirigente indígena Fernando Vargas y Margoth Soria, del Partido Verde de Bolivia (PVB). Otro candidato es el exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), bajo la sigla del PDC; el senador Róger Pinto (CN) o la exministra Tomasa Yarhui, lo acompañarían.
Plazo para inscripción
Proceso
Si bien el plazo vence el 14 de julio, la presidenta del TSE, Wilma Velasco, instó a los partidos políticos a suscribir sus alianzas y candidaturas con dos días de anticipación para evitar demoras innecesarias durante todo el proceso de registro electoral.
Candidato ve ‘miedo’ de Evo a debatir
El candidato a la presidencia por UD, Samuel Doria Medina, afirmó que el presidente Evo Morales tiene “miedo” a intercambiar criterios sobre los programas de gobierno. El fin de semana, la autoridad mandó al opositor a “debatir con su abuela”.
“Tiene tuca o tiene miedo de debatir, porque no hay ninguna razón para que se niegue a explicar; quien nada tiene nada teme (...). Es el signo típico de los autoritarios, es una señal del autoritarismo personificado en el propio presidente Evo Morales y por eso es que no quiere debatir, no quiere que quede al desnudo la falta de propuesta seria”, aseveró.
La pasada semana, Doria Medina instó a un encuentro con Morales para que explique al país el manejo de los recursos públicos. Además, criticó la compra de un avión presidencial y carros blindados, iniciativas  que calificó como un “despilfarro” de dinero.
Consultado sobre la propuesta, el Presidente dijo el domingo: “¿Qué autoridad, qué moral tiene para debatir conmigo? porque ellos han privatizado y han regalado las empresas del Estado (y) recursos naturales a las transnacionales (...). Que vaya a debatir con su abuela”. Ayer, Doria Medina salió a la palestra responder a Morales, incluso argumentando que con los abuelos no se debate, sino, se los escucha por su sabiduría.
Horas después, como contrarrespuesta, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, ratificó que Morales no debatirá con privatizadores y que hablará de su gobierno y las propuestas programáticas con el pueblo. El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, consideró que si bien el debate es democrático, éste no es necesario.
Ala de PDC desconoce candidatura de Quiroga
El candidato a la presidencia Jorge Quiroga fue desconocido por la dirigencia del PDC, regional Cochabamba, luego de que ese mismo partido —en La Paz— oficializara la postulación del exmandatario.
El secretario general del comité departamental de ese partido, Wesman Vargas,  dijo a Erbol que tampoco Jorge Suárez (quien funge como representante nacional de esa tienda política) es parte de esa organización, “porque es fundador de Podemos juntamente con Jorge Tuto Quiroga”.
Suárez argumentó que son declaraciones de un ala “disidente” que ya no es parte del movimiento cristiano y que él sí está inscrito como líder político del PDC ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Buscan encaminar renuncia de legisladores
Esta tarde, la Cámara de Diputados debatirá la modificación del artículo 28 de su Reglamento General para encaminar la renuncia de los legisladores que deseen postularse como candidatos en las elecciones generales de octubre.
El presidente del órgano camaral, Marcelo Elío, ratificó la necesaria reforma para facilitar la “renuncia directa”, porque la actual norma dispone un informe previo de la Comisión de Ética que lo convierte en un proceso “engorroso” que dilata la solicitud a una semana.
La Ley 026 de Régimen Electoral establece que los servidores públicos que deseen postularse a un cargo electivo deberán renunciar a sus funciones 90 días antes de la elección, y lo que ahora se busca es que el trámite sea “directo”.

Chile objeta competencia de la CIJ para evitar el proceso

La Paz, 8 de jul. (La Razón).- El Gobierno de Chile decidió objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la demanda marítima de Bolivia y anunció que presentará las “objeciones preliminares” hasta el 15 de julio.
“He tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya, presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha Corte, dentro de los plazos previstos para estos efectos, que vence el próximo 15 de julio”, dijo en cadena nacional en la parte principal de su alocución la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
De esta manera, anoche se conoció de manera oficial una posición del Gobierno trasandino respecto al proceso marítimo iniciado por Bolivia el 24 de abril del pasado año. En esa ocasión, una delegación de juristas y autoridades nacionales llegó hasta la sede de la CIJ, en La Haya, Holanda, para entregar el petitorio jurídico.
“La presente demanda está referida a la disputa entre el Estado Plurinacional de Bolivia (“Bolivia”) y la República de Chile (“Chile”) sobre la obligación de Chile de negociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia a fin de llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”, señala de solicitud judicial. Chile arrebató a Bolivia 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en la denominada Guerra del Pacífico de 1879.
Los principales argumentos que expuso Bachelet en cuatro minutos, al anunciar la decisión de su gobierno de objetar la competencia de La Haya, hicieron alusión a la integridad territorial y al derecho internacional.
“Esta decisión se basa en los principios fundamentales que inspira la acción de política exterior de Chile, y que mi gobierno ha mantenido invariablemente. El primero de ellos es la defensa inclaudicable de nuestra integridad territorial y de los intereses nacionales, éstos coinciden plenamente con principios esenciales del derecho internacional y de las relaciones entre los Estados, incluyendo de manera principal la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras”.
El 17 de mayo de este año, ante los anuncios del canciller chileno, Heraldo Muñoz, de una posible demanda de incompetencia de La Haya, el presidente Evo Morales declaró que de ese modo Chile podría quedarse al margen del derecho internacional.  
“Lamentamos que (...) se pretenda desconocer y observar la competencia de una Corte internacional en la cual se resuelven las controversias entre Estados de manera pacífica. Esta situación ubicaría a Chile al margen del marco que rige el derecho internacional”, enfatizó la autoridad. De acuerdo con el proceso planteado por Bolivia, la CIJ sí tiene competencia para ver este juicio debido a que tanto Chile como Bolivia son signatarios del Pacto de Bogotá.
“La jurisdicción de la Corte en este caso se funda en el Artículo XXXI del Tratado Americano sobre Arreglo Pacífico (Pacto de Bogotá) de 30 de abril de 1948, que señala lo siguiente: ‘las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre: (...); d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional”.
Exautoridades y expertos en derecho internacional reaccionaron en contra de la determinación de Chile. Dijeron que si bien ese país tiene derecho a impugnar, esto muestra su “inseguridad” ante un proceso que tiene sólidos argumentos. Coincidieron, sin embargo, en que este paso dilatará el proceso penal marítimo.
Excancilleres y expertos critican la decisión de Chile
Javier Murillo: ‘Chile da un paso en falso’
“Es una acción de inseguridad por parte de Chile sobre sus argumentos, para tratar de desvirtuar la fundamentación de la memoria que ha presentado Bolivia. Es un paso en falso que hacen, porque tratan de eludir los compromisos que asumieron con el país, por ejemplo en 1950 o 1975”.
Armando Loaiza: ‘Han decidido bajo presiones’
“Chile ha tomado la posición más dura con los grandes riesgos solo por objetar la competencia de la Corte, porque el tema de fondo se va a tocar después. De hecho se va a prolongar el juicio. Pero Chile, presionado por factores internos, no ha tenido otra salida que presentar esta objeción”. 
Karen Longaric: ‘La batalla no va a ser fácil’
“Creo que es parte de lo que ellos tenían programado hacer, porque en realidad la duda que tenían (Chile) era si presentaban la excepción ahora o la presentaban junto a su contramemoria en 2015. No podemos decir que la batalla judicial va a ser fácil, porque sería una falta de responsabilidad”. 
Franco Gamboa: ‘La decisión no es algo nueva’
“La Presidenta (Bachelet) ha enfatizado la no revisión del Tratado de 1904. Esto ha sido reivindicado desde la gestión de Sebastián Piñera, entonces era previsible, no es nada nuevo. Finalmente la Presidenta dice que es definitivo, lo que declara es la continuación de un terreno preparado”.

7/7/14

Evo manda a los opositores a que debatan “con su abuela”

La Paz, 7 de jul. (Página Siete).- El presidente Evo Morales descartó ayer cualquier posibilidad de debatir con candidatos de la oposición y los    mandó  a confrontar ideas "con su abuela”. Aseguró que no tiene nada que discutir con "privatizadores”.
"Hace momentos, un periodista me estaba preguntando que un candidato quiere debatir; ¿qué moral, qué autoridad tiene él de debatir conmigo? Porque él ha privatizado y  ha regalado nuestras empresas del Estado, los recursos naturales a las transnacionales (...). Se imaginan ese modelo  llamado neoliberal, con ese modelo, ¿cuánto hemos perdido?; con las privatizaciones, ¿cuánto nos han robado? Y ahora todavía se atreven a decir los privatizadores: ‘Voy a debatir con el Evo’. ¿Qué debate? ¡Que vaya a debatir con su abuela!, que vaya a debatir con la gente que se escapó  de Bolivia. No tengo nada que debatir con estos señores”, sostuvo.
Morales formuló estas declaraciones ayer por la mañana durante el acto de entrega del módulo educativo El Jipa, en el municipio de Warnes, donde lo recibieron centenares de adeptos al partido de gobierno, portando globos con los colores azul, blanco y negro y con poleras que tenían estampada la inscripción "Evo de nuevo”.
En la ocasión, señaló además que sólo discutirá su plan de gobierno para 2015-2020 con las organizaciones sociales. "Si vamos a debatir el programa de gobierno va a ser con nuestros movimientos sociales, estoy muy de acuerdo, tenemos dirigentes nacionales, departamentales, con ellos vamos a debatir programas, propuestas”, afirmó.
A mediados de junio, Morales anunció que el MAS haría una campaña electoral "sana” y respetuosa rumbo a los comicios  del 12 de octubre de este año. 
"Por parte de Evo no habrá ningún insulto sea al alcalde o a la gobernación (...), es un derecho venir a defender nuestro programa, nuestras propuestas,  eso será el debate”, aseguró. 
En las elecciones  de 2009, como parte de su campaña, también dijo que el candidato Samuel Doria Medina no emplea tubérculos del país para las papas fritas que utiliza en Burger King y que viste ropa importada. 
Además de la entrega de la mencionada obra, el Primer Mandatario realizó la inspección de una nueva turbina  que será parte de la termoeléctrica de Warnes y prometió más obras para esa población.
 

 Doria Medina insiste en debate 
El candidato presidencial de Unidad Demócrata (UD), Samuel Doria Medina, publicó en su cuenta de Twitter: "Evo, el problema no es conmigo ni con mi abuela, debatir es tu obligación con el pueblo y con Bolivia”. 
Ésa fue la respuesta  a las aseveraciones del Presidente, quien ayer expresó: "Ahora todavía se atreven a decir los privatizadores: ‘Voy a debatir con el Evo’. ¿Qué debate? ¡Que vaya a debatir con su abuela!”. 
Doria Medina añadió en la red social: "En realidad,  tiene ‘tuca’ quien sabe que el debate va a desnudar sus deficiencias, las mismas que suple ofendiendo. Así le va a ir”.
Escribió que  "los lujos, el despilfarro, en qué se gastó la plata del pueblo, si el Vivir Bien le llegó al pueblo o sólo a la rosca palaciega” son los temas que se tienen que debatir.
El candidato opositor hizo alusiones, en Twitter,   a las declaraciones de Morales desde el mediodía.
   "Evo se corrió de que el pueblo en referéndum apruebe o no su trucha candidatura, prefirió violar la CPE, ahora se corre de debatir”, apuntó en su cuenta el postulante de UD.

El Gobierno reitera que existe nerviosismo en la diplomacia chilena

La Paz, 7 de jul. (El Deber).- El gobierno una vez más reiteró que la diplomacia chilena se encuentra nerviosa por la demanda marítima presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya tras las últimas declaraciones realizadas por las autoridades del país vecino. 
El canciller del Estado, David Choquehuanca, sostuvo este sábado que las diferentes autoridades chilenas realizarían declaraciones contradictorias cuando se refieren a la demanda boliviana y pretenden descalificar la acción presentada asegurando que no tendría fundamento y que La Haya no tendría competencia para definir el diferendo marítimo.     
"Están nerviosas las autoridades (chilenas) y su nerviosismo hace que hayan distintas declaraciones, contradicciones que primero dice que nuestrademanda no tienen pies ni cabeza nuestro documento, después dice que cuando la Corte dice que es un documento impecable ya no saben qué hacer, dicen tantas cosas y están nerviosos los chilenos", sostuvo Choquehuanca al programa estatal El Pueblo es Noticia.
Choquehuanca reiteró que en las visitas que realizan las autoridades bolivianas a Chile, principalmente el presidente Evo Morales, las diferentes organizaciones sociales e intelectuales brindan el apoyo a la demanda marítima, pidiendo "mar para Bolivia".
Las autoridades chilenas analizan objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia a la demanda boliviana hasta antes del 15 de julio, aunque también puede solicitar impugnar en febrero de 2015 con la presentación de la contramemoria.
Además, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, manifestó que Chile planteará ante el tribunal de La Haya que Bolivia pretende desconocer el Tratado de Paz y Amistad, suscrito entre ambos países en 1904 y que fijó la frontera tras la Guerra del Pacífico en 1879.
El Gobierno de Evo Morales presentó en abril de 2013 una demanda ante la CIJ en la que pidió que el máximo tribunal de Naciones Unidas falle y declare que Chile "tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le dé una salida plenamente soberana al Océano Pacífico".
ANF

En Chile ven preocupante la falta de su juez ad doc en CIJ

La Paz, 7 de jul. (La Razón).- A diferencia de Bolivia, Chile aún no designó al juez ad doc para tratar el caso de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), lo que preocupa a expertos en derecho internacional en Santiago, porque en nueve días vence el plazo para objetar la competencia de la Corte.
El periódico chileno El Mercurio publicó ayer un reportaje que menciona entrevistas con expertos —a los que no identifica— sobre los plazos y escenarios del accionar del gobierno de Michelle Bachelet ante la demanda boliviana. Una de las preocupaciones expuestas es la falta de elección del juez ad doc.
El gobierno boliviano de Evo Morales nombró en abril al experto en derecho internacional y actual secretario general de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el abogado francés Yves Daudet, como juez ad hoc en la CIJ para que participe en las audiencias y deliberaciones de la demanda orientada a obligar al demandado a sentarse en una mesa de diálogo para negociar una salida soberana al mar.
Plazos. “Esto cobra especial importancia, si se analiza que en caso de que se presenten objeciones preliminares, éstas apresurarían el análisis de los antecedentes por parte de los jueces”, señala el periódico a partir de la opinión de los expertos consultados.
Chile tiene hasta el 15 de julio para presentar, de darse el caso, una objeción preliminar a la competencia de la Corte en este caso, pero de no ser así, podrá hacerlo en la contramemoria que debe entregar hasta el 18 de febrero de 2015. El gobierno de Bachelet hizo consultas y la corriente en las esferas políticas, entre ellas expresidentes y excancilleres, está por la objeción, aunque no opinaron sobre plazos.
Las fuentes consultadas por el medio chileno consideran prioritaria la designación del juez y ven a La Paz “con trabajo adelantado” en esa materia. Ese magistrado ad hoc tendrá que integrarse al tribunal con las mismas atribuciones y obligaciones de los 15 jueces permanentes de la Corte.
Bolivia presentó el 24 de abril del año pasado la demanda y el 15 de abril de 2014 la memoria, donde está contenido el sustento histórico-jurídico. El expresidente Eduardo Rodríguez es el agente de Bolivia en el proceso, además de embajador en Holanda.
Morales aseguró en reiteradas oportunidades la solidez de los argumentos y en mayo advirtió que Santiago se ubicaría “al margen del marco que rige el derecho internacional” si optara por la objeción a la CIJ.
La Cancillería chilena, según El Mercurio, sostuvo que la “búsqueda está muy avanzada”. “La idea del equipo chileno es tener un juez ad doc de mejores contactos que el seleccionado por Bolivia. Es decir, el círculo de búsqueda ‘es bastante reducido’”.
Bachelet anunciará en los próximos días el curso de la acción frente a la demanda marítima, planteada tras el fracaso del diálogo bilateral para resolver el diferendo, arrastrado desde 1879, tras la invasión chilena a suelo boliviano y el posterior conflicto bélico.
La Paz inició una campaña orientada a posicionar los argumentos del proceso contencioso en la comunidad internacional, responsabilidad entregada al expresidente Carlos Mesa. Santiago encaró una contraofensiva que llamó diplomática y comunicacional.
Posiciones encontradas
Tratado
El principal motivo para objetar a la Corte Internacional de Justicia, según expertos chilenos, es que la demanda busca modificar el Tratado de 1904; no obstante Bolivia negó ello, incluso que se quiera modificar los límites.

MAS, MSM y UD plantean abrir la CPE para debatir elección judicial

La Paz, 7 de jul. (La Razón).- Las principales fuerzas en carrera electoral, el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Movimiento Sin Miedo (MSM) y Unidad Demócrata (UD), plantean en sus programas de gobierno una reforma constitucional para mejorar la Justicia y debatir el tema de la elección de magistrados.
La Razón tuvo acceso a siete de esos documentos, de igual número de tiendas políticas. Hasta la medianoche del viernes, diez organizaciones entregaron sus planes de gobierno al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como requisito para habilitarse hacia las elecciones del 12 de octubre.
El partido del oficialismo reconoce en el texto propuesto que, pese a los esfuerzos, no fue cumplido el objetivo de cambiar la Justicia. “No hemos logrado erradicar los males del sistema jurídico y la Justicia se ha estancado”, refiere parte de la evaluación antes de plantear una reforma de la Constitución Política del Estado, aprobada en referéndum y vigente desde febrero de 2009.
Reforma. Postula una “Asamblea por la revolución de la justicia digna con participación social”, una “Ley de reforma y referéndum constitucional para el cambio judicial”, entre otros aspectos. El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), explicó que el objetivo de esa asamblea es crear un marco conceptual y jurídico  para que la ciudadanía pueda dar una mirada al problema y un criterio para saber qué hacer con la Justicia.
El presidente Evo Morales anticipó en junio encarar cambios en el Órgano Judicial vía referéndum, y que pedirá ayuda a expertos para una “profunda revolución”, mientras que en febrero lamentó que la incorporación de profesionales de “poncho, pollera y sombrero”, elegidos por el voto ciudadano, no haya sido una solución a la crisis.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, consideró necesario conservar las garantías constitucionales y el pluralismo jurídico en la Constitución Política del Estado (CPE). “Lo único que puede quedar en debate es la forma de integración del Órgano Judicial, es decir, si corresponde la votación para elegir a las autoridades jerárquicas. Han habido ventajas y desventajas”, afirmó.
La UD, que tiene como binomio a Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez, plantea una ley transitoria para elegir nuevos magistrados. “Mientras no se revise el procedimiento constitucional de (elección de) jueces, debemos asegurar, con participación de los organismos de abogados, universidades, etcétera, que se proponga al electorado una lista de candidatos a esta alta dignidad”. Arturo Murillo, vocero de Unidad Nacional (UN) y miembro de la alianza UD, explicó que la reforma apunta a incorporar esa metodología de selección en la CPE. “Eso no dice la Constitución, por eso ahí hay que hacer un ajuste constitucional”.
La CPE establece la elección mediante el voto ciudadano de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional. El 3 de enero de 2012 juraron y asumieron sus cargos las primeras autoridades electas.
La retardación y corrupción, entre otros, son identificados como los principales males en la administración judicial. Las pugnas entre magistrados de diferentes instituciones igual marcaron la crisis institucional.
El MSM, que lanzó la dupla Juan del Granado-Adriana Gil, propone también una reforma constitucional, pero con un proceso transitorio. “Exigimos su renuncia (de los actuales magistrados) o promoveremos su remoción legal; hasta tanto se produzca la reforma, su elección por sufragio popular será precedida por una ley transitoria que modifique los procedimientos parlamentarios y establezca un organismo técnico imparcial”, prevé el plan de este partido.
Al respecto, Marcela Revollo, diputada de este frente, anunció el debate constitucional de la “pertinencia de la elección de magistrados (vía voto)”.
Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que llevará al expresidente Jorge Quiroga como candidato, igual tratan la problemática judicial en sus programas, pero solamente postulan reformas en leyes vigentes.
Aún no fue oficializada la dupla del MAS, empero organizaciones proclamaron por adelantado a Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García. El plazo para inscribir a los candidatos ante el TSE fenece el lunes 14 de julio.
El plan del oficialismo también perfila una producción normativa orgánica judicial, además de códigos y leyes morales; armonización de procedimientos normativos para una justicia transparente; 10.200 profesionales del derecho y recursos humanos formados para la nueva justicia, y 27 flamantes centros de conciliación.
Número de páginas
Extensión
Plan de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) tiene   cinco páginas, y de Acción Democrática Nacionalista (ADN), nueve.
Proponen ampliar y mejorar bonos
Cuatro frentes en camino  a las elecciones generales del 12 de octubre proponen en sus programas de gobierno mantener y ampliar la política de bonos para redistribuir la riqueza.
El Movimiento Al Socialismo  perfila para el periodo 2015-2020, en caso de mantenerse en el poder, garantizar la continuidad del pago de la Renta Dignidad, el bono Juancito Pinto y el bono Juana Azurduy. “El incremento de estos beneficios dependerá del crecimiento de nuestra economía”, añade la propuesta electoral.
Unidad Demócrata (UD), del binomio Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez, señala que se deben mantener “las políticas sociales que reparten dinero directamente a la gente como la Renta Dignidad y otros bonos”.
Promete la implementación del “Bono Futuro”, que consistirá en Bs 350 mensuales para “los jefes y jefas de hogares certificados por el INE (Instituto Nacional de Estadística)” como más vulnerables a la pobreza extrema.
El Movimiento Sin Miedo (MSM), de la dupla Juan del Granado y Adriana Gil, ofrece  una distribución “adecuada y oportuna del bono Juana Azurduy de Padilla”. En el caso del Bono Juancito Pinto, refiere que irá más allá “con una visión más global de becas, suministro de materiales didácticos”.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), que tiene como candidato a Jorge Quiroga, postula el “Bono de Salud para incentivar el parto seguro y la atención de los recién nacidos”, además para madres y niños en el área rural.

Frentes proponen reforma judicial

Acción Democrática Nacionalista ADN
Este partido propone que para un buen funcionamiento de la Justicia en Bolivia se debe lograr la “eliminación de la politización en las elecciones de los magistrados, y sustituirla por mecanismos de selección ajenos al sectarismo, respondiendo únicamente a los criterios de evaluación por la capacidad, probidad e idoneidad, los que deben ser pilares de la carrera judicial”.
Partido Demócrata Cristiano PDC
Ofrece una “total despolitización de la Justicia”, un sistema de “carrera judicial, mediante concursos de méritos de fiscales y jueces”, mejores salarios, auditorías a procesos y “pronta atención de denuncias contra fiscales y jueces, la implementación de Cortes de Inicios de Procesos, por sorteo y de manera inmediata y oral, para evitar el contacto previo entre litigantes y jueces”.

4/7/14

Contratos en rubros estratégicos se resolverán con leyes bolivianas

La Paz, 4 de jul. (La Razón).- Con la futura Ley de Conciliación y Arbitraje los contratos suscritos entre el Estado boliviano y firmas privadas, nacionales o extranjeras, en los rubros de hidrocarburos, minería y energía deberán resolverse mediante un régimen especial de controversias que regirá bajo las leyes bolivianas.
El miércoles, la subprocuradora de Desarrollo Normativo, Erika Chávez, entregó el proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje al sector privado  para que haga un análisis técnico de la normativa y se logre un consenso.
En la exposición de motivos de la norma, a la que accedió La Razón, señala que ésta se construyó a partir de los principios del “vivir bien”, la independencia y la imparcialidad del tribunal, la buena fe y la lealtad procesal.
Para tal objeto, dice que se legisla una “norma especializada que permita a los inversores extranjeros resolver sus controversias por la vía del arbitraje aplicando reglamentos nacionales y los que así conviene a los efectos de proteger los intereses del Estado”.
El artículo 121 dispone que “los contratos del Estado boliviano con empresas privadas, nacionales o extranjeras a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias para la exploración, explotación, industrialización, transporte y venta de los recursos naturales estratégicos”, como los rubros de hidrocarburos, minería y energía, se sujetarán a un régimen especial de controversias que rige bajo la jurisdicción y las leyes bolivianas.
También funcionarán con ese régimen los contratos de asociación del Estado con personas jurídicas para el aprovechamiento de recursos naturales y los que otorguen derechos de uso.
Aquellos firmados por la petrolera YPFB para prestar servicios y aquellos en que intervengan las asociaciones o sociedades de economía mixta conformadas por la estatal para la ejecución de actividades de la cadena productiva hidrocarburífera. Asimismo, los relacionados a la exploración y explotación de hidrocarburos que tengan autorización de la Asamblea Legislativa.
Además figuran los contratos mineros del Estado con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas para la entrega de derechos mineros en la cadena productiva y aquellos contratos para el desarrollo de la cadena productiva energética, a través de firmas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas y empresas privadas.
El texto que tiene 127 artículos indica que “las partes involucradas estarán sometidas a la jurisdicción y las leyes bolivianas” y se regirán bajo reglas como que el arbitraje o la conciliación deberán resolverse según la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes y el resto de la normativa boliviana. Las partes se sujetarán a la jurisdicción ordinaria del país y el arbitraje tendrá como sede el territorio boliviano.
Bolivia dejó el CIADI
El Gobierno boliviano se retiró en mayo de 2007 del Consejo Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI) porque lo acusó de parcializarse con las transnacionales.
El régimen se sujetará a reglamentos de CNUDMI
El Tribunal Arbitral en el régimen especial de controversias se sujetará al Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y cuando corresponda se usará el reglamento sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el marco de un tratado.
Karen Longaric, especialista en arbitraje internacional, explicó que Bolivia ya se sometió a arbitrajes que aplicaron el reglamento de arbitraje de la CNUDMI pero la gran innovación es incorporar la aplicación del reglamento sobre transparencia en los arbitrajes en materia de inversiones.
“Esto es muy bueno, porque permitirá a los ciudadanos conocer cómo se están desarrollando los procesos que involucran al Estado boliviano, las sumas de dinero que utilizan; se debate y se pacta, lo cual hoy no ocurre”, afirmó.
Proponen levantar confidencialidad
El proyecto de Ley de Conciliación y Arbitraje establece el levantamiento de la confidencialidad a fin de proteger los intereses de Bolivia como atribución que le otorga la Carta Magna a la Procuraduría General del Estado (PGE). El artículo 6 indica que “las actuaciones de la conciliación y el arbitraje estarán sujetas de manera obligatoria a la confidencialidad, salvo acuerdo de partes, orden judicial fundamentada o requerimiento de autoridad legalmente facultada.
El parágrafo II dispone que “la confidencialidad se levantará cuando estén comprometidos los intereses del Estado y la información será entregada solo” a la PGE.  Karen Longaric, especialista y docente de Arbitraje Internacional, dijo que el arbitraje está basado en el principio de la confidencialidad, por ello el proceso arbitral y sus resultados solo pueden publicarse con el acuerdo de las partes contendoras.
Sobre levantar la confidencialidad, explicó que la parte contraria deberá señalar su conformidad y recién se podrá publicitar los actuados arbitrales, salvo que el arbitraje se hubiese concertado desde un inicio bajo las reglas de transparencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. “La norma es innecesaria cuando dice que la información del arbitraje será dada solo por la PGE, pues ésta representa al Estado en los procesos arbitrales y conoce los mismos”.
No se conciliará propiedad de recursos naturales
El artículo 5 indica que no podrán someterse a conciliación y arbitraje cuestiones que versen sobre la propiedad de los recursos naturales, los títulos otorgados sobre reservas fiscales, los tributos y regalías por parte de empresas privadas y otras. Por tanto, las mismas serán “sometidas exclusivamente a la jurisdicción ordinaria”.
Se pueden aplicar medidas cautelares en el arbitraje
La normativa incorpora la posibilidad de aplicar medidas cautelares previas o durante el proceso de arbitraje, dejando su ejecución directamente al Tribunal Arbitral o en caso de imposibilidad al auxilio judicial. También contempla el Arbitraje Comercial y de Inversiones, especificando su ámbito de aplicación y sus características.