La Paz, 11 de ago. (El Deber).- Fue el propio presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Efrén Choque Capuma, quien admitió la crisis que vive este ente judicial; aunque luego no pudo explicar cómo saldrán del conflicto que envuelve a los magistrados y reveló que la institución vive en medio de pugnas y decisiones arbitrarias en las que sobresale el nombre del expresidente del ente Rudy Flores.
“El Tribunal Constitucional no genera estabilidad institucional, pero está retomando sus actividades de acuerdo con la Constitución Política del Estado, por eso queremos dar un mensaje de compromiso al pueblo. Los magistrados que componemos este órgano extremaremos esfuerzos para brindar una justicia constitucional”, fueron las palabras de Choque en la entrevista concedida el 6 de agosto.
Cuando fue consultado sobre las tareas que emprenderán para recuperar la credibilidad, Choque dijo que seguirán trabajando; luego fue consultado sobre los juicios de responsabilidad que enfrentan en el Legisltivo y prefirió evadir a los periodistas.
La demora de trámites
Los litigantes que acuden a diario a este ente, revelaron que deben esperar hasta ocho meses para conocer un veredicto del TCP, pese a que existen más funcionarios judiciales que hace tres años.
Según los documentos y datos a los que accedió EL DEBER, hasta 2012, cuando iniciaron su trabajo los actuales magistrados, no había casos pendientes, puesto que los 3.225 expedientes que dejó el antiguo Tribunal fueron derivados a los “liquidadores”, que estaba conformado por cinco magistrados suplentes, que debían emitir sentencias en esos casos.
Los actuales magistrados recibieron, hasta diciembre de 2012, 2.768 expedientes, el número creció a más de 5.000 en 2013 y hasta junio de este año se tenía 6.636 expedientes; de ese número, las resoluciones no llegan a 400 por año.
Según las propias autoridades, hasta 2011 la demora en las sentencias era de un año; cuando nació el nuevo Tribunal, llegó a cuatro meses de retraso, pero tres años después, la demora es de ocho meses para la entrega de una sentencia.
Personal triplicado
Los informes oficiales dan cuenta de que hasta 2011, el TCP tenía 110 funcionarios y en el primer año, los magistrados triplicaron su personal y contrataron en total a 391 empleados, muchos de ellos no son abogados, pero son hombres de confianza de los propios magistrados y que son señalados como los responsables de la mala administración del ente. En el caso de los magistrados, en el antiguo sistema cada autoridad tenía un “letrado”, que es el principal asesor y por el que pasan todos los expedientes; también contaban con otros cuatro abogados especialistas; en 2014, cada magistrado cuenta con la asistencia de dos “letrados” y de 11 asesores.
Danza de millones
Hasta el juramento de estos jueces, el presupuesto del TCP era de Bs 17,8 millones; en el primer año de gestión, el nuevo Tribunal recibió Bs 45,8 millones, y el monto subió en 2013 hasta llegar a Bs 46,3 millones, y para este año los magistrados recibirán Bs 54,2 millones y no hay resultados, pese al incremento del presupuesto anual.
Como muestra, los funcionarios relataron que los siete vocales accedieron a vehículos nuevos y, según el informe del TCP, en “equipo de transporte, tracción y elevación” se invirtieron Bs 3,3 millones, que representan unos $us 478.000.
Cusi contra Flores
Los magistrados Gualberto Cusi y Rudy Flores iniciaron la disputa interna desde que fueron posesionados en el Tribunal Constitucional. Cusi reclamó la presidencia después de la votación que obtuvo en las elecciones judiciales, la más alta de todas las autoridades electas, pero Flores tenía el apoyo del Gobierno y se hizo del cargo.
Todos los fallos polémicos en los que estuvo involucrado el Gobierno fueron resueltos con Flores como principal autoridad. Es el caso de la sentencia 300/2012 sobre el Tipnis y la consulta previa que pretendía impulsar el Gobierno pese a la protesta de los indígenas, en ese caso el disidente fue Gualberto Cusi.
Luego en el caso de la sentencia 003/2013, siete vocales, entre suplentes y titulares, firmaron e hicieron viable la relección de Evo Morales; Cusi no firmó el documento.
Finalmente, en la Ley del Notariado, las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez afirmaron que su juicio es manipulado para descabezar al Tribunal.
Estos temas fueron consultados al presidente del ente, pero Efrén Choque dijo que no era el momento de hablar de estos conflictos y que lo hará más adelante
No hay comentarios:
Publicar un comentario